"Utilizando maniobras engañosas con A. y C., dos personas mayores sin formación y que confiaban en ella, la acusada se hizo con un total de 7.600 euros que constituían los ahorros de toda la vida del matrimonio y con los que completaban su escasa pensión de jubilación". Así explicaba el fiscal la estafa de la que fueron víctima una pareja de ancianos del municipio pontevedrés de Fornelos de Montes. La autora del delito, R.A.D. reconoció tales hechos y fue condenada a dos años de prisión y al pago de una indemnización a los afectados de las cantidades sustraídas. Sin embargo, la mujer no ingresará en prisión ya que la pena privativa de libertad le será suspendida a la condición de no volver a delinquir en los próximos cinco años. La vista, celebrada ayer en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, se resolvió con un acuerdo entre las partes.

Los magistrados rebajaron la pena inicialmente solicitada por la Fiscalía- que era de 5 años y medio- al aplicarle una atenuante simple de reparación del daño, ya que devolvió 600 euros de los 7.600 estafados.

Los hechos por los que R.A.D. se sentó ayer en el banquillo de los acusados datan de 2012. La mujer y el matrimonio afectado se conocieron cuando ambos compartían habitación durante su estancia hospitalaria en el Hospital Meixoeiro de Vigo. Durante las visitas al centro de salud, la acusada "se fue enterando de las circunstancias familiares de A. y C.; como que no tenían hijos y que vivían de una pensión no contributiva". Tras forjarse una relación de amistad entre ellos, la acusada que era conocedora de la mala situación económica de las víctimas y "abusando de la confianza que éstos le demostraban" les convenció de que ella podría arreglarles unos papeles para empezar a cobrar una pensión contributiva.

Tiempo después, la acusada llamó al matrimonio para decirles que había arreglado sus papeles pero necesitaba 5.500 euros "para completar los intereses debidos". El varón "confió" en la acusada y en una sucursal de Fornelos le entregó el dinero y esta le dijo que su pensión pasaría a ser de 800 euros cuando ellos cobraban 311. Estos cambios nunca se produjeron y los ancianos siguieron cobrando sus pensiones de 311 euros. Días más tarde, "basándose en esa misma confianza y gratitud", los ancianos le prestaron 2.100 euros que la mujer le pidió para pagar la residencia de su madre.

La Fiscalía calificó los hechos como un delito de estafa continuada, ilícito por el que fue condenada en la Audiencia, cuyo fallo las partes decidieron no recurrir.