Siete traficantes pontevedreses de hachís eluden la cárcel al demorarse 13 años la instrucción

Solo el cabecilla del grupo deberá cumplir una condena de dos años y tres meses de prisión -La causa se paralizó en múltiples ocasiones por las transcripciones telefónicas

13.06.2017 | 01:59
Los ocho acusados, ayer, en el banquillo de la Audiencia viguesa. // Alba Villar

Una laboriosa investigación y las dificultades para transcribir las conversaciones telefónicas de más de dos meses entre los imputados se convirtió en la mejor defensa para los miembros de una banda de traficantes pontevedreses. Los ocho acusados de trasladar 500 kilos de hachís desde el sur de España hasta Galicia vieron rebajada sustancialemente su pena al prolongarse en exceso la instrucción del caso. Así lo entendió el fiscal, quien ya en su escrito de acusación solicitaba para los acusados la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas tras haberse alargado las investigaciones más de 13 años, ya que el operativo policial contra este grupo de traficantes se perpetró en 2004.

De este modo, de los 5 años que pedía inicialmente el representante del Ministerio Público para el cabecilla del grupo y los 3 y medio demandados para el resto del grupo, la pena se ha rebajado hasta los 2 años y tres meses para el líder de la banda y un año y medio para el resto de procesados. Esto implicó que las defensas de estos siete acusados solicitasen la suspensión de la pena privativa de libertad -petición a la que no se opuso la Fiscalía- sujeta a la condición de no volver a delinquir en el plazo de 2 años y al cumplimiento, en el caso de uno de estos imputados, de siete meses de trabajos en beneficio de la comunidad. Solo el cabecilla de la banda deberá cumplir su pena de 2 años y 3 meses de cárcel. Por su parte, los ocho condenados, que reconocieron los hechos y aceptaron las penas en una vista que se resolvió por conformidad, deberán hacer frente a multas que superan el millón de euros.

Esta dilatación de la instrucción se debió, entre otros motivos, a las dificultades para transcribir las conversaciones telefónicas a los acusados. Así lo explicaba el fiscal en su escrito de calificaciones, en el que relataba que el procedimeinto tuvo que "paralizarse" en varias ocasiones para la obtención de permisos o la designación de "un funcionario de Comisaría encargado del manejo de los medios adecuados para poder escuchar las bobinas conteniendo grabaciones de conversaciones telefónicas", así como la certificación por parte de la letrada de la Administración de Justicia de la "bondad" de las mismas.

Así, y tras un arduo trabajo judicial, los ocho encausados terminaron por sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, por un delito de tráfico de sustancias estupefacientes de las que no causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia llevado a cabo por una organización criminal. La banda, fragmentada en tres vehículos- dos lanzaderas que alertaban de al presencia policial y otro coche que cargaba el hachís- pretendía introducir en Galicia 500 kilos de esta droga desde Murcia. Fueron interceptados en Cuenca tras dos días de seguimiento policial.

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