La Fiscalía solicita penas que suman 29 años y medio de prisión para ocho presuntos miembros de una organización, detenidos cuando trataban de introducir en Galicia 500 kilos de hachís procedentes del sur de la península ibérica, hechos que ya se remontan a hace más de una década, a 2004. El juicio comenzará el lunes en la sede viguesa de la Audiencia Provincial y se prevé que se prolongue hasta el viernes. A las solicitudes de penas, el Ministerio Público les aplica una atenuante por "dilaciones indebidas" en la instrucción de la causa, que suman dos años y medio.
Los ocho miembros de la red están acusados de un delito contra la salud pública por el tráfico de sustancias estupefacientes. En concreto, para el considerado el jefe de la organización criminal, el fiscal solicita una pena de cinco años de prisión y una multa de 1,2 millones de euros. Para cada uno de los otros siete acusados, en calidad de miembros de esta red, pide tres años y seis meses de cárcel, así como una sanción económica de 700.000 euros.
Desde Murcia
La red ya estaba siendo seguida por la Policía cuando, en marzo de 2004, en una comitiva de tres coches, trataban de trasladar 500 kilos de hachís desde el municipio murciano de Miranda, donde los adquirieron, hasta Galicia. Por la autovía de Valencia a Madrid, dos de los vehículos circulaban delante del que transportaba la droga, a cierta distancia y a modo de "lanzadera". Según el escrito de acusación, el primero iba "pendiente de si había algún control policial o dispositivo similar en la carretera para avisar al conductor del vehículo en el que se transportaba la droga y que este pudiera burlarlo, facilitando cada poco tiempo y constantemente" información a través de los teléfonos móviles. El segundo conductor también transmitía datos a los otros. La policía, temiendo que pudieran escabullirse "a la vista de las maniobras extrañas" que estaban haciendo, interceptó a uno en la autovía y a los otros dos en estaciones de servicio. Les incautaron 500 kilos de resina de cannabis, con un valor de 637.500 euros en el caso de venta por kilos y de 2,2 millones de euros, por gramos. También detuvieron a los dos supuestos receptores de la droga, para su posterior venta.
El fiscal reconoce que la instrucción de la causa fue "laboriosa y dificultosa" por la transcripción de las conversaciones telefónicas que los acusados mantuvieron durante dos meses. Sin embargo, también considera que se produjeron hasta cuatro "paralizaciones poco justificadas" en la instrucción de la causa, que suman unos dos años y medio.
