27 de mayo de 2017
27.05.2017
Un caso que ya se encuentra próximo a juicio

Los dos acusados de la brutal paliza al cura de Santa Rita de Vigo afrontan 15 años de prisión

La fiscal solicita que indemnicen con más de 430.000 euros al párroco, que sufre severas secuelas -Fueron a la iglesia con la excusa de pedir confesión y lo golpearon para robarle

27.05.2017 | 01:59
Uno de los acusados, cuando fue arrestado. // Fdv

Quince años de cárcel. Ésta es la condena que pide la Fiscalía para cada uno de los dos jóvenes brasileños acusados de la brutal paliza sufrida por el párroco de San José Obrero y Santa Rita de Vigo Don Antonio Rodríguez, de 82 años de edad, unos hechos que ocurrieron octubre del pasado 2016 en esa iglesia. El Ministerio Público considera que Pedro Yago S.P. y Alison Lucas B.R., de 21 y 19 años respectivamente, son autores de un delito de robo con violencia e intimidación y otro de lesiones agravadas -con la circunstancia añadida de abuso de superioridad-. Unos ilícitos por los que también demanda que se les prohíba aproximarse o comunicarse con el cura por un período superior en 8 años al de la pena de prisión que se les imponga por el delito más grave.

En materia de responsabilidad civil, el Ministerio Público plantea que los procesados indemnicen con más de 435.000 euros al sacerdote -otras cantidades a mayores deberán fijarse en ejecución de sentencia-, quien debido a las graves lesiones padece severas secuelas que le incapacitan para andar y hacer las actividades básicas de la vida diaria, necesitando "de forma permanente" la ayuda de terceras personas. La fiscal pide asimismo que una hermana del cura, una mujer de 86 años que se ocupó de su cuidado desde que ocurrió todo, sea indemnizada con 60.000 euros "por el perjuicio moral por la pérdida de calidad de vida".

El juicio será en la Audiencia viguesa. Tras la presentación de la calificación provisional de la Fiscalía, ahora serán las defensas las que formalizarán sus escritos. A la espera de este trámite, la fiscal concreta en su relato la acusación contra los dos jóvenes. Así, según señala, fue en torno a las cuatro de la tarde del 8 de octubre de 2016 cuando ambos acusados, "previamente concertados y guiados por un ánimo de enriquecimiento ilícito", entraron en la iglesia de Santa Rita.

"Con el pretexto de solicitar confesión" al párroco, prosigue la Fiscalía, accedieron a la zona de oficina y despacho del mismo. Según la secuencia de hechos que se concreta en el escrito, uno de los acusados agarró a Don Antonio para inmovilizarlo, mientras el otro cogió las llaves de la caja de caudales existente en la habitación contigua, donde había dinero en efectivo -700 euros- y joyas. Los chicos se apoderaron también supuestamente de un reloj del cura y de sus gafas. "Dado que el sacerdote se resistió e intentó impedir estos hechos, fue tirado al suelo, donde, a sabiendas de que era una persona anciana (cuenta con 82 años) que se hallaba indefensa, le propinaron varias patadas y golpes en la cabeza", se señala.

Lesiones

Ese día el párroco fue atendido en el hospital por erosiones superficiales, recibiendo el alta. Pero los golpes que le habían asestado los jóvenes en la cabeza le causaron al día siguiente un derrame cerebral por el que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y que lo dejó en coma largo tiempo. Además, durante su estancia hospitalaria -primero en el Hospital Álvaro Cunqueiro y después en el Meixoeiro-, relata la Fiscalía, hubo complicaciones por la operación, sufrió infecciones respiratorias, así como otra infección por la bacteria Klebsiella.

Entre las severas secuelas, el cura sufre tetraparesia "irreversible" -con pérdida de la capacidad funcional en los miembros inferiores y prácticamente toda en los superiores-. Aún no se pudo valorar el daño neurológico, aunque lo que sí existe, se concreta, es dificultad de fonación, si bien comprende lo que se habla a su alrededor y es capaz de seguir una conversación y de leer. Son varios los conceptos por los que la Fiscalía pide la indemnización para el párroco: días de curación, secuelas, daños morales, pérdida de calidad de vida, gastos de rehabilitación, asistencia médica o perjuicio por la incapacidad para seguir su actividad de sacerdote.

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