El juicio contra la supuesta banda que trató sin éxito de robar un alijo de cocaína a narcos arousanos en enero de 2014 en Mos afronta hoy su jornada final tras cuatro días de juicio en los que, además de los acusados, declararon los policías del grupo Udyco de la comisaría viguesa que practicaron las detenciones y varios guardias civiles que trabajaban en el mismo puesto que el agente acusado en la trama.
La Fiscalía mantuvo sus peticiones iniciales y añadió una nueva solicitud para el guardia civil: 15 años de inhabilitación absoluta para el ejercicio de su profesión. Las defensas piden la libre absolución y algunos abogados como alternativa plantean, para el caso de condena, la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas. Alguno también de drogadicción.
Marino afronta la mayor petición. Doce años de prisión y multa de 170.000 euros. Además del delito contra la salud pública y el de integración de grupo criminal que la Fiscalía le atribuye a él y a sus supuestos compinches, incluido el agente, Marino está acusado de tenencia ilícita de armas, ya que en el registro de su vivienda en Tomiño, además de un revólver de fogueo, apareció una pistola Taurus para la que carecía de licencia.
El resto de supuestos miembros de su banda se enfrentan cada uno a 9 años y medio y 160.000 euros: son el guardia civil de 46 años de edad, para el que ahora se pide también la inhabilitación; Marcos G.B., de 36; Alfredo I.G., de 56; y Alfonso P.C., de 33. Junto a ellos van a juicio los arousanos a los que supuestamente iban a sustraer la droga: Modesto D.A., de 34, que es el único al que se atribuye reincidencia y para el que se piden 6 años y 160.000 euros; y Benito O.O., de 42, que afronta 4 años y medio e igual sanción.
El fiscal antidroga de la provincia de Pontevedra en la exposición de su informe final en la Audiencia de Vigo destacó que Marino dirigió y coordinó el plan ilícito. La Fiscalía se extendió particularmente en el papel del guardia civil, del que dijo que cometió unos hechos "tremendamente graves". "La operación contó con un guardia civil corrupto que se puso al servicio de delincuentes para obtener una ganancia económica ", afirmó.
El fiscal también incidió en que se acusa de integración en grupo criminal al estimar que ya habían cometido estos hechos "más veces". Frente a lo que considera el Ministerio Público, la abogada defensora del agente afirmó que "no hay prueba alguna" de que su cliente participase en la operación de drogas. La letrada incidó en que el agente recibió un chivatazo y que actuó según el protocolo policial para comprobar si el vehículo llevaba droga.
