Andreu Sansó Simón, un vecino de Palma de 40 años de edad, ha vuelto a dormir tranquilo tras recuperar el piso recién comprado y que le vendieron hace unas semanas con unos okupas dentro. Pero el final feliz de esta historia ha tenido un precio: la inmobiliaria que medió en la compraventa ha tenido que pagar una cantidad a la familia que se coló en la casa de forma ilegal.
Sansó perdió su flamante piso, situado en la planta cuarta de la finca 33 de la calle Tomás Forteza de Palma, el 24 de noviembre. Ese día acudió a la que creía su casa, tras haberla comprado 24 horas antes a un banco y ante un notario, pero se topó con una familia de okupas dentro.
La pesadilla ha durado 37 días, jornadas en las que el afectado ha interpuesto una denuncia, formulado reclamaciones ante el banco y la inmobiliaria, dialogado con los okupas y realizado otras múltiples gestiones en defensa de sus legítimos derechos.
La familia que se instaló en su vivienda le indicó que poseían un contrato de alquiler y que estaban legitimados para residir allí.
Pese a que ese papel era falso, alegar un arrendamiento impidió un desalojo rápido del inmueble por la vía penal.
Dos mil cuatro cientos euros
Sansó habló con los okupas y éstos le comunicaron que estaban dispuestos a marcharse, siempre que les pagara los 2.400 euros que a ellos les había costado agenciarse la casa. Es habitual que grupos organizados revienten las cerraduras de viviendas propiedad de bancos, cambien los bombines, y ofrezcan en alquiler esas casas a familias, que en la mayoría de las ocasiones saben que ese contrato de arrendamiento es pura comedia.
Sansó no quiso ni oír hablar de pagar un rescate y decidió seguir batallando por la vía legal.
El perjudicado amenazó a banco e inmobiliaria con denunciarles por estafa al venderle como libre de cargas un inmueble con una familia dentro.
Andrés Sansó tenía una baza en su poder: el presidente de la comunidad de vecinos de Tomás Forteza 33 envió a su banco un correo electrónico el 17 de noviembre advirtiendo de que habían sido okupados varios pisos de la finca, propiedad de entidades financieras. También una vecina de la planta cuarta le informó de que el allanamiento del piso había ocurrido días antes del 23 cuando él lo compró en la notaría.
El propietario burlado optó por resistir sin ceder al chantaje de los intrusos y confiar en que, más tarde o más temprano, la casa volvería a su poder.
La inmobiliaria, como primera reacción, alegó que la intromisión en el piso había tenido lugar el 24 de noviembre, cuando ya era propiedad de Sansó. El banco también lanzó balones fuera y derivó la responsabilidad al intermediario en la compraventa.
Para suerte del perjudicado, el temor a verse denunciados por estafa o al desprestigio que un suceso de esta naturaleza conlleva en el negocio de compraventa de inmuebles, llevó a la inmobiliaria a negociar por su cuenta con los okupas.
Sansó ignoraba ayer qué cantidad ha pagado el intermediario, pero el caso es que el miércoles a las 4 de la tarde la familia se fue de la casa y él pudo entrar allí. "Lo primero que hice fue quedar con un cerrajero para que cambiara los bombines en cuanto estas personas se fueron del piso".
Ayer tocaba evaluar los desperfectos y zafarrancho de limpieza.
"A simple vista no hay muchos daños, pero la casa está llena de suciedad y porquería: al baño no se puede ni entrar", explica el protagonista de esta historia.
Sansó no sabe cómo ha podido vivir esa familia en su casa este mes largo, puesto que la vivienda carecía de contadores de agua y luz. "La electricidad la cogían de un cuadro de la escalera, porque he visto un alargador y enchufes múltiples, pero agua no hay".
Sansó temía que su problema iba a durar meses, porque la denuncia penal que interpuso el 24 de noviembre en el juzgado de guardia estaba muerta y el único camino que se le abría era instar una demanda de desahucio, un proceso civil que dura varios meses.
El perjudicado también sufría pensando que iba a tener que seguir pagando los plazos de la hipoteca, sin disfrutar de su hogar.
