13 de diciembre de 2016
13.12.2016

Un acusado de estafar 168.000 euros en Vigo: "Firmé todo por un puesto de trabajo"

La fiscal pide penas de 5 y 2 años de prisión para dos varones por un fraude a través de letras de cambio - Uno de los imputados acusa al otro del engaño: "Soy un estafado más"

13.12.2016 | 02:11
Uno de los acusados, ayer en la Audiencia. // A.Villar

"No sé lo que es una hipoteca cambiante y tampoco cómo funciona una letra de cambio. Yo solo firmaba los documentos con la ilusión de un puesto de trabajo que luego nunca llegó". Con semblante serio y argumentando en todo momento no conocer la mecánica de estas operaciones de crédito, L.M.N.A., acusado de cómplice en un delito continuado de estafa, reconoció no estar al tanto del contenido de los escritos que J.P.R., el principal acusado en este delito, le mandaba firmar; papeles que corresponden a múltiples letras de cambio garantizadas con una hipoteca en las que L.M.N.A figura como librador (emisor de las mismas).

Sin embargo, según el Ministerio Público, la finca que garantizaban la viabilidad de las letras de cambio "no estaba libre de carga al contener un gravamen anterior" de modo que los inversores no podían realizar el cambio de las letras por efectivo, incurriendo así en un supuesto delito de estafa continuada.

Mientras L.M.N.A. asegura que su rúbrica obedecía únicamente "a la promesa hecha por J.P.R. de un empleo y no por estafar", el fiscal entiende que ambos "se concertaron para crear una apariencia de solvencia económica y así obtener dinero a préstamo".

La fiscal, en la vista celebrada ayer en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo, elevó sus conclusiones a definitivas y solicitó para el principal acusado, J.P.R. la pena de cinco años de prisión y para L.M.N.A. una condena de dos años y medio de cárcel. Ambos deberán indemnizar a las tres víctimas con más de 140.000 euros. Por su parte la acusación particular personada por dos de las defraudadas, pide la pena de 5 años para ambos procesados.

La presunta estafa se fraguó en Vigo en el año 2003 aunque ambos acusados residen y operan en Bilbao. La Fiscalía reitera en su escrito que ambos acusados se anunciaron en prensa como asesores inmobiliarios y ofrecían rentabilidades entre el 6 y el 14 % por inversiones en metálico a devolver en el plazo de tres años y como garantía de la operación se entregaban letras de cambio garantizadas con una hipoteca.

Tres presuntas víctimas

"Vi el anuncio en el periódico y me interesó mucho. Me reuní con J.P.R. en el Hotel Bahía, quien me comentó que estaba construyendo una cadena de hoteles. Me habló de invertir y que a los tres años me devolvería el dinero con una inversión del 14%", señaló en la vista una de las víctimas, quien precisó que "este préstamo se constituiría en letras de cambio avaladas en un piso situado en Tortosa". Este vigués aseguró haber realizado una inversión de 108.000 euros ya que "la garantía hipotecaria me daba confianza". Sin embargo, al paso de los tres años, cuando intentó recuperar su inversión descubrió en el Registro que "el bien que actuaba de aval tenía una hipoteca previa y que su nuevo propietario era otra persona, ya no era de J.P.R.", reitera esta víctima, quien aseguró que éste le dijo que L.M.N.A. era su acreedor y que por ello figuraba como emisor de las letras. Esta declaración fue desmontada por el propio L.M.N.A., que argumentó que "jamás le adeudó tal cantidad de dinero" y aseguró sentirse "un estafado más".

Este mismo modus operandi fue el empleado presuntamente por los acusados con dos hermanas en Vigo, quienes entregaron 60.000 euros a cambio de unas letras de cambio que vencían a los tres años. Llegado esta fecha, el pago volvió a rechazarse por el mismo motivo: al existir en la hipoteca que actúa de aval de las letras un gravamen anterior.

Tan solo uno de los acusados, L.M.N.A., acudió personalmente a la vista. J.P.R. declaró a través de videoconferencia al residir en Bilbao. Este juicio ya fue suspendido en dos ocasiones, una en julio y otra el pasado mes de octubre. El proceso se remonta al año 2003 pero se alargó más de una década al no localizar al presunto cabecilla.

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