Con gran satisfacción recibió la alcaldesa de Melón, Cristina Francisco, el fallo del Tribunal Supremo, que no ha aceptado, como prueba del incumplimiento de una sanción impuesta por el Concello de Melón, los documentos aportados por unos detectives privados contratados por un concejal de la oposición. Los hechos que motivaron este fallo se atribuyen a David P. , acusado de los delitos de quebrantamiento de condena y falsedad en documento público al no acudir a las labores de "desbroce y vigilancia en la prevención de incendios" que le impuso en su momento el Concello de Melón.
Tal incumplimiento quiso ser demostrado a través de varios informes entregados por una empresa de detectives privados, pero no fueron aceptados por la Audiencia de Ourense, que absolvió al acusado.
Tras ello, la Sala de lo Penal del Supremo confirma ese fallo, porque entiende que el concejal obtuvo la información relativa al incumplimiento de la pena "prescindiendo de los cauces legalmente establecidos" pero además "vulnerando" el deber de confidencialidad al que estaba obligado.
