El caso de la muerte del batería del desaparecido grupo Los Piratas, Javier Fernández, ya está más próximo de llegar a una sala de vistas. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ponteareas (Pontevedra) ha decretado la apertura de juicio oral contra el guardia civil que disparó al músico en su vivienda de la parroquia ponteareana de Guláns en el verano de 2015. La magistrada sustituta que firma el auto indica que se tiene por formulada la acusación contra el agente por la presunta autoría de un delito de homicidio por imprudencia grave profesional y también la responsabilidad civil subsidiaria del Ministerio del Interior. La juez, que señala como órgano competente para la vista uno de los juzgados de lo Penal de Pontevedra, requiere en el mismo escrito judicial al acusado, y, en su caso, al responsable civil directo y/o subsidiario, para que preste fianza en la cantidad de 30.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias (indemnizaciones) que "pudieran imponérsele" en el futuro en caso de una hipotética condena.
Fue el 26 de agosto de 2015 cuando Javier Fernández, a quien sus amigos conocían como Hal 9000 y que ese día estaba aquejado por un brote agudo derivado de la enfermedad psiquiátrica que sufría, fallecía en su casa como consecuencia de un disparo en el abdomen realizado por el guardia civil ahora acusado, quien alegó que utilizó su arma porque su compañero corría peligro. Tras la instrucción de la causa, la juez procedió a la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado concluyendo la existencia de indicios de criminalidad con respecto al guardia y dando traslado a las acusaciones para que formulasen sus respectivos escritos.
En esa fase fue donde la Fiscalía solicitó el archivo de la causa contra el agente al considerar que los hechos investigados no son constitutivos de delito alguno, entre otros motivos al considerar amparado el proceder del imputado por la legítima defensa y la eximente completa de cumplimiento del deber. Un criterio que no comparten las dos acusaciones particulares personadas en el caso, la de la viuda y el hijo menor del músico -representados por el abogado Gerardo Gayoso Martínez- y la que ejercen los padres -que lleva la letrada María Jesús Sarabia-. En ambos casos formularon acusación por supuesto delito de homicidio por imprudencia grave profesional, solicitando una pena de 4 años de prisión y 6 de inhabilitación para el ejercicio de la profesión, dejando para el tribunal sentenciador la cuantificación de las responsabilidades civiles (indemnizaciones). Ambas acusaciones demandaron también que se declare la responsabilidad civil subsidiaria de Interior.
Formalizados ya estos escritos, ha sido ahora, concretamente en un auto que tiene fecha de este pasado 28 de noviembre, cuando la juez ha dictado el auto decretando la apertura de juicio oral contra el agente, tal y como solicitaron las acusaciones particulares, al estimar que no concurren los supuestos para decretar el sobreseimiento. Además, requiere el pago de una fianza de 30.000 euros con el apercibimiento de que, de no ser abonada, se embargarán bienes "en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada". En la misma resolución la magistrada ordena que se de traslado de las actuaciones al Ministerio del Interior "a los efectos de su defensa como posible responsable civil subsidiario". Contra el auto no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal del acusado.
En la declaración como imputado que prestó el guardia civil éste alegó que usó el arma apuntando a la pierna del músico -la bala acabó impactando en el abdomen- para proteger la vida de su compañero al que Javier apuntaba, aseguró, con un tenedor y un cuchillo. Las acusaciones, sin embargo, ven "negligente, precipitada e imprudente" la actuación del agente.
