De 204 expedientes en 2014 a 1.932 a lo largo del año pasado. Los trabajos en beneficio de la comunidad o trabajos sociales se han disparado en la provincia de Pontevedra como la pena preventiva más impuesta por jueces y tribunales y a su vez aceptada por los condenados. En tan solo un año, esta sanción se ha multiplicado por ocho, tal y como expone la Fiscalía provincial en su memoria de 2015. Según este órgano, el "espectacular" aumento de los expedientes emitidos se ha producido por una "mayor tendencia" a imponerse este tipo de penas pero, ¿cuál es el motivo? Al tratarse de una medida cuya imposición requiere el consentimiento del penado y le obliga a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, es la voluntad de éste último el que propició el incremento de estas penas.
Así lo confirma el letrado de la Administración de Justicia- nueva denominación del secretario- del Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo. Reconoce que "al depender de la voluntad del penado", son en épocas de falta de empleo cuando más fructiferan estas condenas. "Siempre han sido una de las preferencias de los penados. Cuando tienen trabajos los compaginan con el fin de semana, pero entonces muchos se quedaban sin tiempo libre,por lo que se optaba sustituir la cárcel por una multa económica. Al haber poco trabajo, los condenados sí prefieren trabajar para la comunidad en lugar de entrar en prisión", reconoce el letrado. Estos trabajos en beneficio de la comunidad (TBC) son facilitados por la administración estatal, autonómica o local, preferentemente ésta última. "Ejercen labores de jardinería, vigilancia en pabellones deportivos, etc. en los ayuntamientos. También pueden colaborar con ONGs o en ruedas de reconocimiento", añade el jurista.
La mayor parte de estas condenas responden a delitos contra la seguridad vial, aunque también se cumplen por maltrato familiar o hurtos. Puede imponerse en sustitución de la pena de prisión cuando ésta es inferior a dos años. En cuanto a su quebrantamiento, el letrado de la Administración Judicial reconoce que es un "índice elevado". "El quebrantamiento de esta pena es bastante elevada. En este caso se inicia un nuevo juicio y al acusado no se le puede volver a imponer trabajos sociales", reitera. Señala además que muchos son lo que, con la idea de acortar el periodo de estos trabajos, realizan turnos dobles. "Reducen casi a la mitad su tiempo de pena trabajando el doble, se ha convertido en una práctica bastante habitual", sostiene el jurista.
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Pontevedra es la provincia donde mayor número de procedimientos jucidiales en materia de vigilancia penitenciaria se ingresaron: 1.886 permisos de salida, 201 libertades condicionales, 1.932 TBC, 6 medidas preventivas, 353 refundiciones o acumulación de penas y así hasta 6.054 en total durante el 2015.
