09 de noviembre de 2016
Juicio por presunta sustracción de menores

La ourensana juzgada por retener dos meses a su hija dice que quería protegerla

La Fiscalía pide una pena de 6 meses a 2 años, según el delito que aprecie la juez -Los hechos ocurrieron tras el cambio de custodia -El padre de la menor asegura que la tuvo "secuestrada"

09.11.2016 | 02:17
La madre acusada, ayer. // B.L.

Un conflicto entre padres por la custodia de una hija menor sentó ayer a la madre en el banquillo, una ourensana acusada de presunta sustracción de menores, o alternativamente de desobedecer la sentencia que la obligaba a entregar a la niña al padre, residente en Oviedo, tras un cambio de custodia. El caso tuvo un gran revuelo mediático en 2013. La familia ourensana recibió el apoyo de sectores educativos y entidades sociales de la ciudad.

La progenitora declaró ayer solo a preguntas de su abogado (su padre y el abuelo de la niña). María G. M., de 44 años de edad, asegura que buscó todas las vías legales para una posible inejecución tras la sentencia que le retiró la custodia. La mujer pretendía supuestamente evitar a la menor, que entonces tenía 6 años, "un perjuicio" con el traslado a Oviedo, "arrancándola de su mundo conocido". Según dijo, "solo intenté protegerla; ella no quería marcharse". La madre acusó al progenitor de haberla maltratado tanto física y psicológicamente, aunque la denuncia interpuesta contra él por violencia de género terminó archivada.

Desde que la Audiencia Provincial de Asturias entregó la custodia al padre hasta que la progenitora procedió a la entrega voluntaria pasaron 2 meses y medio. El padre, que solicita 4 años de cárcel para su exmujer, asegura que durante ese periodo le impidieron contactar con su hija. "La tenían secuestrada", declaró ayer como testigo. La Fiscalía también ve una actuación delictiva en el retraso de la madre en acatar la sentencia. Pide 2 años de prisión si la juez entiende que los hechos constituyen sustracción de menores, o una pena de 6 meses de apreciarse un delito alternativo de desobediencia. También solicita la retirada de la patria potestad durante un periodo de 4 años.

La defensa solicita la libre absolución. Además, ve motivos de nulidad del proceso y criticó que la justicia hubiera denegado la declaración de la menor en el juicio para que su versión pudiera arrojar luz a los hechos.

Los problemas entre los progenitores se remontan al año 2010, a raíz del divorcio. Desde entonces lucharon judicialmente por la custodia de la menor. Si bien dichas resoluciones inicialmente fueron favorables a la madre, en una sentencia posterior de marzo de 2013, la Audiencia Provincial de Asturias revocó un fallo del Juzgado de Primera Instancia 7 de Oviedo y concedió la custodia al padre, estableciendo que la entrega de la menor era efectiva desde el momento en que fuese escolarizada en Oviedo.

A pesar de que la madre debía haber entregado a la pequeña a su padre el 30 de marzo, tal y como se dictó en la sentencia, no se produjo hasta casi tres meses después, el 17 de junio en Ourense. La mujer y su hija estuvieron en paradero desconocido. La Policía no logró localizarlas en todo ese tiempo. El jefe inspector de la Policía Judicial, Demetrio Martínez, confirmó ayer que realizaron "vigilancias discretas" en el edificio del centro de la ciudad donde reside la familia materna. Asimismo, facilitaron fotos a todas las unidades y realizaron otras pesquisas, pero ninguna dio resultado. En contacto con el colegio, comprobaron que la niña llevaba varios días sin asistir a clases.

"Mi única preocupación era mi hija", apostilló la acusada. Negó que en los requerimientos se le indicase la fecha concreta en la que debía entregar a su hija. Entendía, dijo, que la decisión de escolarizar a la menor debía hacerse mediante "acuerdo" de ambos progenitores. El padre expresó una versión diametralmente distinta y se plasmó la tensión entre las dos partes en el interrogatorio de la defensa, su exsuegro.

El juicio se retomará en otra sesión el próximo día 16 de noviembre, con la declaración de una testigo y el trámite de conclusiones de las partes.

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