Condenados a 36 y 35 años dos acusados de esclavizar a indigentes en A Coruña

La Audiencia considera acreditado que los maltrataban de forma "física y verbal" y que vivían "en unas condiciones absolutamente precarias y carentes de la mínima dignidad"

06.09.2016 | 02:17

Los dos chabolistas acusados de esclavizar a enfermos sin hogar en el antiguo asentamiento de la Conservera Celta y en Ledoño (Culleredo), obligarlos a mendigar y robarles sus pensiones fueron condenados a 36 años y 35 años y medio de cárcel, respectivamente. Aunque Joaquín D.A. y André D.A., acompañados por sus dos esposas, fueron los únicos que se sentaron en el banquillo de la sección segunda de la Audiencia Provincial, los indicios apuntan a que la práctica de retener en los poblados chabolistas a indigentes era habitual. El tribunal recuerda en la sentencia que uno de los procesados recibió un mensaje en el móvil en el que le preguntaban si tenía algún "criado" disponible, ante lo que respondió que tendrían que trasladarse "a un albergue" para localizar a alguno.

Los imputados, para los que el fiscal demandaba 90 y 82 años de cárcel, fueron sentenciados por cometer cuatro delitos de trata de seres humanos y otros cuatro de imposición de tratos degradantes, mientras que sus esposas evitarán ingresar en prisión porque carecen de antecedentes penales. Los magistrados le impusieron a una de ellas un año de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas y, a la otra, seis meses de cárcel por imposición de tratos degradantes. La Fiscalía reclamaba para ellas 56 y 55 años de cárcel, respectivamente.

"El verdadero propósito de los procesados era tener a su exclusiva disposición a estas personas, no solo para realizar trabajos para ellos sin recibir a cambio ninguna remuneración, sino para lucrarse de las pensiones o ayudas sociales de las que fueran o pudieran ser beneficiarias", relata el tribunal en el fallo, pues en el juicio quedó acreditado que los imputados llegaron a realizar los trámites necesarios para que algunos de los indigentes cobrasen ayudas públicas. "Para ello generaban un ambiente de agresividad, tanto física como verbal, y de hostigamiento, con unas condiciones de vida absolutamente precarias y carentes de la mínima dignidad", señalan los jueces, quienes destacan que las víctimas eran obligadas a dormir en cajas de camiones o en galpones, sin acceso a un cuarto de baño y sin agua caliente para lavarse en pleno invierno.

El fallo judicial señala que para "doblegar" la voluntad de "las personas desvalidas por circunstancias económicas o por padecer problemas de salud o enfermedades mentales" creaban "una situación de miedo". El temor a represalias impedía a los afectados "no solo negarse a realizar las tareas que les encomendaban, sino a tomar la decisión de marcharse".

El tribunal sostiene que desde al menos finales de 2010 o principios de 2011 hasta enero de 2015, cuando la Policía Nacional liberó a los perjudicados, los condenados esclavizaron y maltrataron, por lo menos, a cuatro indigentes. Los agentes del 091 lograron identificar a ocho víctimas, pero tal y como manifestó el fiscal durante el juicio, todo apunta a que los chabolistas secuestraron a personas sin recursos durante años y que hay "muchos más afectados". De los ocho identificados, dos están en paradero desconocido. La policía de todos los países de Europa fue alertada para que informe al 091 si los localiza. De los otros seis, el tribunal tan solo consideró acreditado que cuatro fueron víctimas de abusos, entre ellos Plácido, el hombre de 66 años -ya fallecido- a raíz de cuya denuncia surgió la investigación policial.

El hombre, que fue secuestrado por los dos procesados cuando pernoctaba en la puerta de una zapatería de la céntrica calle San Andrés, consiguió contarle, aterrorizado, a una trabajadora de Cruz Roja que dos hombres lo habían agarrado por el saco de dormir e introducido en una furgoneta contra su voluntad y que, desde entonces, lo sometían a todo tipo de abusos. A raíz de su relato, que fue posible porque se quedó solo con una trabajadora de la entidad a la que conocía, se inició la investigación policial. Uno de los condenados lo había acompañado a Cruz Roja con el objetivo de solucionar unos trámites para que cobrase una pensión. La visita fue clave para detener a los procesados y liberar a las víctimas.

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