La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a dos años de prisión y 1.440 euros de multa a un hombre que no comunicó a la Seguridad Social que su padre había fallecido y siguió percibiendo su pensión de incapacidad absoluta durante 15 años. El acusado deberá indemnizar a la entidad pública con 84.100 euros, la cantidad aún no devuelta.
