La contundencia de la querella de la Fiscalía en la Operación Vida será replicada ante el juez por los abogados de los Morones, que entienden que las declaraciones de testigos en contra de la presunta trama de extorsión en mercadillos de la provincia solo parten de un deseo de "venganza" por parte de los gitanos zamoranos tras el destierro al que presuntamente se vieron obligados en el año 2014.
La acusación pública aludió a una presunta "organización criminal" con el cobro de cuotas irregulares a los vendedores agrupados bajo la cooperativa dirigida por los Morones y que adoptaba distintos nombres.
Los testigos interrogados, por su parte, aluden en diferentes declaraciones al miedo que sentían "por las amenazas" recibidas tras abandonar la cooperativa. Asimismo, detallan en varias declaraciones los presuntos pagos por conceptos distintos a los que las administraciones públicas requerían a la cooperativa para la instalación de los puestos en los mercadillos.
La agresión de octubre en el mercadillo de Cangas, entre clanes rivales, acabó poniendo a la investigación sobre la pista de esta presunta organización que funcionaría mediante la extorsión. La querella que dio origen a la instrucción judicial contra 13 personas señala que integraban presuntamente una "organización jerarquizada y con un claro reparto de funciones" al menos desde 2013.
Los abogados de los Morones, la familia que supuestamente dirigía la organización, se remontan a 2014 para explicar que los llamados "zamoranos" buscan una venganza contra sus representados. Concretamente esa actitud vendría por el supuesto exilio forzoso de unos 400 "zamoranos" que en noviembre de 2014 abandonaron sus casas en Porriño y Tui para partir hacia Castilla tras 50 años residiendo en la provincia. La Fiscalía de Galicia inició entonces una investigación sobre la participación de Sinaí Giménez en este éxodo forzoso.
Menos de un mes después regresaron a los municipios de los que partieron y desde entonces se vivieron escenas de tensión que culminaron con la agresión del pasado año en Cangas, lo que acabó por judicializar el conflicto.
