El duro golpe asestado al clan de Los Morones que derivó en órdenes de ingreso en prisión para el patriarca y cuatro de sus hijos tuvo su germen en una querella formulada por la Fiscalía en marzo de este mismo año y que se dirigió contra 13 personas, la mayoría miembros directos de esta familia pero entre ellos también algunos supuestos colaboradores. Todos ellos, a juicio del Ministerio Público por los indicios recabados, integraban una posible organización criminal que funcionaba de forma jerarquizada y con un claro reparto de funciones donde tenía mucho peso la etnia y cultura gitana a la que pertenecen. La trama de extorsión a vendedores ambulantes que se les atribuye para ejercer el control en una decena de mercadillos de la provincia de Pontevedra funcionaba supuestamente mediante la exigencia del pago de tasas de al menos casi 150 euros al mes a los vendedores, a los que obligarían a afiliarse a su cooperativa bajo amenazas de muerte o de otra índole: en esta estrategia intimidatoria habría desde amenazas en redes sociales a otras cometidas en plena carretera con vehículos u otras como destierros o la prohibición de celebrar bodas. Una mecánica que la red llevaba presuntamente utilizando al menos desde hace tres años.
La querella formulada por la Fiscalía se incluye en las diligencias previas de la causa cuyo secreto fue levantado este lunes por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cangas, que dirige la investigación. El caso, por el momento, ocupa cinco tomos que suman un millar de folios, expedientes que ya empezaron a recibir ayer algunos de los abogados personados en la causa, mientras que otros letrados aún no los tendrán hasta hoy. Por lo que pudo saber FARO, las indagaciones de la Fiscalía que derivaron en la querella arrancaron a finales del pasado año, a raíz de recibir un atestado de la Guardia Civil realizado con motivo de la reyerta ocurrida en octubre en el mercadillo cangués.
Ese episodio violento habría evidenciado a ojos de los investigadores un modo de proceder que iba más allá de ese grave hecho puntual y que pondría sobre la mesa una supuesta organización criminal. La querella, de los indagaciones realizadas, estima que la jefatura la ostentaría Olegario Giménez Salazar, el patriarca de Los Morones y autodenominado rey de los gitanos gallegos. Sin embargo este importante papel de poder habría sido traspasado también a Sinaí Giménez Jiménez, el más mediático de sus hijos, y por debajo de éste, aunque también formando parte del núcleo más fuerte de la red, estarían otros tres hijos de Olegario: Saúl, Juan Paulo y Marino. El patriarca se encuentra en arresto domiciliario y los otros cuatro en prisión provisional, una medida que -con la excepción de Marino ya que su caso aún no fue revisado en segunda instancia- fue ratificada esta semana por la Audiencia Provincial de Pontevedra.
Los restantes integrantes de esta red, que cumplirían órdenes encaminadas a la vigilancia en los mercadillos y al cobro de las tasas a vendedores ambulantes entre otras funciones, serían la mujer del patriarca Flora Jiménez; su hija Consuelo Giménez; un nieto de nombre Samuel aunque conocido como Kike; así como Amelia C. y Estela F.A., parejas de dos de los hijos de Olegario. La Fiscalía cierra la lista de querellados con tres personas más muy próximas a esta conocida familia: Miguel Ángel Valverde, al que se considera lugarteniente de Sinaí; Nutica F. -de origen rumano- y Rafael F.G.
La acusación pública estima que a través de la cooperativa bajo la que funcionaban cobraban casi 150 euros al mes por vendedor bajo señalándoles que esa cantidad era necesaria para la afiliación o para gestiones para la Seguridad Social o ante Concellos. Al parecer, de las averiguaciones realizadas, a aquellos que no se avenían a pagar se les impediría instalar sus puestos en los mercadillos en los que ejercían el control. Además de la tasa, se exigirían cantidades a mayores por el montaje de los puestos. Esta trama de extorsión que se atribuye al clan funcionaba presuntamente en los mercadillos de Moaña, Cangas, Vigo, Pontevedra, Porriño, Sabarís (Baiona), Ponteareas, Tui o Barro.
Pese a no tener propiedades inmobiliarias a su nombre, a miembros de este clan se les considera propietarios de numerosos vehículos y se estima que tienen tienen vinculación con otros coches e inmuebles pese a no constar como propios en su patrimonio particular. La querella también alude al destierro de gitanos zamoranos que hubo en 2014.
