El caso contra la mayor trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico desmantelada en Vigo está a punto de escribir el que podría ser su capítulo judicial definitivo. Y es que más de un año después de que la Audiencia viguesa impusiese penas que suman 50 años de prisión y 168 millones de euros en multas a la red encabezada por Juan Carlos González Martín, Culebra, la sentencia será por fin objeto de revisión en el Tribunal Supremo. Los magistrados encargados de estudiar el fallo han fijado la deliberación para mañana martes: de su decisión dependerá que se confirmen las condenas o, si se estiman algunos de los alegatos de las defensas, haya cambios en esa resolución en la que Culebra, de 77 años, recibió la pena más elevada, 6 años de cárcel y multa de 56 millones, mientras que a su esposa y a sus tres hijos se les impusieron 5 años de prisión y sanciones de entre 20 y 30 millones. La familia se enfrenta a su encarcelamiento y al comiso del millonario patrimonio intervenido. Junto a ellos, el resto de condenados son testaferros: la mayoría recibieron entre 3 y 4 años de prisión.

Con la excepción del promotor Carlos Rocha -con la condena más baja, de seis meses de cárcel-, los restantes 11 condenados recurrieron en casación ante el Supremo contra el fallo que, en marzo de 2015, dictó la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. Además de las penas de cárcel y multa, se estableció la intervención definitiva de un patrimonio de valor millonario: más de 15 millones de euros, inmuebles, joyas, arte, barcos y más de una treintena de vehículos que, de ratificarse el fallo, serán cedidos al fondo del Plan Nacional de Lucha contra la Droga. Fuentes próximas al caso informaron de que el Alto Tribunal admitió todos los recursos formulados y ha señalado para mañana 10 de mayo la fecha de deliberación sobre este asunto. Lo que no se sabe todavía, señalan las mismas fuentes, es cuándo se conocerá la decisión que adopte el Supremo.

¿Cuáles son los argumentos expuestos por Culebra en su recurso ante el Alto Tribunal? El equipo legal que defiende a González Martín y a sus familiares ha sustentado la casación en varios motivos, entre ellos los de error en la valoración de la prueba o vulneración del derecho de presunción de inocencia. Uno de los principales argumentos que se recogen fue ya expuesto en el juicio en Vigo, aunque entonces la sala no dio validez a esa alegación. Y es que el septuagenario vigués insiste, ahora ante un órgano judicial superior en Madrid, en que su abultado patrimonio procede de actividades "lícitas" y "razonablemente justificadas, ajenas a cualquier infracción penal y, en todo caso, desvinculadas de actividades del narcotráfico". Así, los letrados de Culebra exponen que su fortuna deriva de actividades empresariales y mercantiles desarrolladas en España y en el país vecino Portugal: pesca industrial, arte, construcción, compraventa de vehículos, una indemnización por el hundimiento de un buque que pertenecía a una de sus sociedades o el negocio luso de los bingos.

La causa contra esta red de blanqueo fue instruida por Marisol López, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Vigo. Tras la laboriosa investigación judicial y tras el juicio en la Audiencia que derivó en las condenas, el fiscal antidroga de la provincia de Pontevedra, Luis María Uriarte, destacó la importancia de este asunto por su "complejidad" y la "cantidad" de dinero blanqueado. La sentencia que ahora se recurre estableció el origen de la fortuna de González Martín en su condena por un alijo de hachís en 1997.