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La cárcel de Ourense empieza a dar la medicación a un preso con hepatitis C después de un año

La Audiencia Provincial ordena que L.G.G., con 20 años de condena, reciba el tratamiento

08.05.2016 | 02:08

Instituciones Penitenciarias ha dado el visto bueno a que un preso de la cárcel ourensana de Pereiro de Aguiar reciba la medicación que necesitaba con urgencia para tratarse de una hepatitis C crónica en estado 4, la última fase. El preso, L.G.G., cumple una condena de 20 años y esperaba desde junio de 2015 por el tratamiento que empezó a suministrársele este martes.

La Secretaría General autorizó la administración en el propio centro de los fármacos pautados por el hospital después de que la Audiencia Provincial diese una orden expresa. "No existe razón o excusa alguna que justifique que a este paciente, por tratarse de un interno del centro penitenciario, y por este único motivo, no se le dispense igual trato y asistencia médica que al resto de la población", señala.

El recluso recibe a primera en el despacho de medicamentos de su módulo los dos fármacos prescritos por la mañana y por la noche. Fuentes de su entorno aseguran que desde que inició el tratamiento "se encuentra menos cansado y siente más vitalidad, aunque no sabe si es por la medicación o por la alegría que siente".

Un auto de la Audiencia Provincial de Ourense, con fecha del 13 de abril, revocó una primera resolución del juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Lugo y ordenó a la prisión la administración de los fármacos recetados para combatir la enfermedad diagnosticada.

La resolución, cuyo ponente es el magistrado Manuel Cil Manzano y sobre la que FARO informó en exclusiva, fue comunicada por la dirección del penal a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, que corrigió su criterio inicial contrario a dispensar el tratamiento prescrito.

La letrada Marta Soto Gil, que colabora con la Comisión de Asistencia Xurídica Penitenciaria de Ourense (CAXPOU), se encargó del recurso de apelación al que la Audiencia ha dado la razón. Este colectivo opera desde hace más de 20 años de forma gratuita en el Colegio de Abogados para velar por los derechos de los reclusos.

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