La trama de extorsión a vendedores ambulantes atribuida al clan de Los Morones actuaba en una decena de mercadillos de la provincia de Pontevedra. La investigación sobre el complejo entramado del líder del clan de Los Morones, Sinaí Giménez, y su familia más próxima -detenidos en sus domicilios de Tomiño el martes pasado por presunta extorsión a vendedores ambulantes-, se centra especialmente en las ferias de los municipios de Barro, Redondela, Sabarís en Baiona, Cangas, Moaña, Tui y Porriño. Así como las habituales en el municipio de Vigo, caso de San Cosme, Coia y Bouzas, que fueron suspendidas por el Concello desde el tiroteo del pasado mes de octubre en la VG-20 en el que resultó herido un zamorano, clan con el que están enfrentados los morones.

Mientras los once detenidos en al denominada Operación Vida permanecen aislados e incomunicados entres sí en los calabozos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para evitar que puedan consensuar sus futuras declaraciones, los investigadores analizan la documentación intervenida en los registros. El objetivo es determinar "el nexo de unión entre los socios para la extorsión en los mercadillos de la provincia", según manifestó ayer el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Antonio Coello, en una comparecencia en Vigo. El representante gubernamental indicó que el objetivo era tratar de desarticular "una organización que extorsionaba y amenazaba a otros colectivos de vendedores ambulantes. Una organización fundamentalmente familiar, ya que 8 de los 11 detenidos son del clan de Los Morones, y los otros tres allegados suyos.

Entre los detenidos se encuentra el patriarca del clan, Olegario Giménez Salazar, autodenominado rey de los gitanos gallegos y que permanece ingresado en un hospital tras su arresto por un problema respiratorio; su mujer Flora Jiménez, y sus hijos Sinaí -al que las fuerzas de seguridad sitúan al frente de la organización-, Saúl, Juan Paulo y Consuelo, así como el hijo de ésta Kike. Los otros tres arrestados son allegados a Sinaí, caso de Miguel Valverde, considerado su lugarteniente ya su vez secretario de la cooperativa de vendedores ambulantes bajo sospecha.

La lista de posibles delitos atribuidos a la trama de Los Morones se ha ampliado de cinco a siete tras las detenciones y los registros en los cuatro chalés de los cabecillas del clan en Amorín a cargo de un centenar de agentes de élite de la Guardia Civil con apoyo de perros especializados. El tráfico de drogas y la tenencia ilegal de armas se suman a las acusaciones iniciales de pertenencia a organización criminal, extorsión, amenazas, coacciones, blanqueo de capitales y fraude a la Seguridad Social que desencadenaron la denominada Operación Vida desarrollada de forma conjunta por la Guardia Civil y la Policía Nacional bajo la coordinación del juez de Instrucción 3 de Cangas, que ya investigaba una reyerta en el mercadillo de la localidad que enfrentó a Sinaí y varios morones con un grupo de zamoranos al que siguieron conflictos en Redondela y el tiroteo de Vigo.

Este espiral de violencia llevó al subdelegado del Gobierno a crear una comisión de investigación conjunta de las fuerzas de seguridad con el apoyo de la Fiscalía de Pontevedra, que ahora da sus frutos. "Entonces dije al reunirme con los alcaldes que la impunidad no se podía permitir y el estado de derecho iba a permanecer. Hoy vemos los resultados", incidió Coello.