Las fuerzas de seguridad sostienen que la ley que impera en numerosos mercadillos de la provincia de Pontevedra es la que impone el autodenominado "príncipe" gitano Sinaí Giménez, a través de la cooperativa de vendedores ambulantes que creó.

Era un secreto a voces, aseguran, aunque las víctimas se habían negado siempre a denunciar. En el caso del clan de Los Zamoranos, enfrentado hace años con Los Morones, 400 personas sufrieron destierro hace apenas dos años tras negarse a pagar lo que consideran unas cuotas excesivas para el negocio que finalmente conseguían. "Pagamos autónomos, por el puesto y también lo que Sinaí decide. También el marca el puesto que ocupas, y según el sitio que te adjudique vendes más o menos", lamentan algunos perjudicados. Insisten en que "no nos negábamos a pagar, pero no tanto como pedían".

En los mercadillos cuyo control se atribuye a Los Morones, el tema era sencillo, según los datos que manejan las fuerzas de seguridad. Y es que una única persona conseguía la titularidad de 60 o 40 puestos en un mercadillo. Si cobraban 150 euros al mes a los socios al mes sólo con las cuotas de los socios.

La "mafia" de los mercadillos alcanza a una decena de ferias y la investigación señala el caso del municipio de Barro como uno de los más destacables. Prácticamente la totalidad de los puestos están en manos de la organización atribuida a Sinaí Giménez.

De momento no hay datos fiables del dinero que movían Los Morones con las presuntas extorsiones, si bien la documentación intervenida en la gestoría viguesa resulta fundamental. También el rastreo del dinero que movían, lo que ha llevado a emprender un amplio análisis de cuentas bancarias.