El juicio por una de las mayores estafas a inmigrantes destapadas en Vigo llega a juicio siete años después de que se destapara la trama. J.S.P., gerente de una céntrica correduría de seguros se enfrenta a 15 años de prisión e indemnizaciones que suman 48.000 euros para 22 afectados; dos de ellos figuran en la causa como testigos protegidos.
J.S.P. se habría hecho pasar por falso abogado de una ONG y agente de la Guardia Civil cuando prometía a inmigrantes ilegales facilitarles su residencia en España a cambio de dinero, unas cantidades que oscilaban entre los 4.500 y los 7.000 euros por persona.
La Fiscalía le acusa de un delito de inmigración clandestina en concurso con otro de falsedad, así como emplear a extranjeros en condiciones que perjudican sus derechos laborales, tráfico ilegal de mano de obra y delito continuado de estafa.
La acusación sostiene que J.S.P. gestionaba una gestoría "teóricamente dedicada a la venta de seguros" y entre los años 2004 y 2008 falseó contratos de trabajo y ofertas de empleo para inmigrantes africanos a los que captaba en su país de origen -para ello viajó a Senegal en varias ocasiones- o bien en situación ilegal en Galicia, y a quienes cobraba una importante cantidad de dinero bajo la promesa de regularizar su situación en España, si bien en muchos casos no realizó los trámites.
Casi todos los estafados son ciudadanos subsaharianos. Los pocos que consiguieron trabajo fueron empleados por el propio acusado en su oficina, para lo que habría falseado las firmas de sus hijos, titulares oficiales de la gestoría, pero en cuanto tenían la residencia los daba de baja y los dejaba a su suerte, exigiéndoles el pago del resto del dinero.
