Un año y medio de cárcel, cuatro años de inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio y el pago de multas que suman 3.750 euros. Ésta es la pena impuesta por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, a Miguel Ángel Viñas Cisnero, un abogado expulsado de la profesión desde principios de 2009 que estafó a ocho clientes cobrándoles por adelantado gestiones judiciales o recursos que nunca llegó a presentar. La sala considera al condenado autor de un delito continuado de deslealtad profesional, otro de apropiación indebida y de una falta de estafa. La Fiscalía ya había rebajada en el juicio de seis años a dos años y medio de prisión su petición tras reconocer el acusado los hechos. La pena finalmente impuesta por el tribunal es incluso inferior a esa solicitud modificada. Esta resolución judicial no es la primera que se dicta contra el letrado, quien ya fue sentenciado por hechos similares en los que las víctimas fueron agentes del Instituto Armado, ya que fue abogado de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) de Pontevedra durante un tiempo.
Perteneciente al Colegio de Abogados de Madrid, el acusado causó baja total en el mismo por acuerdo de su junta de gobierno en febrero de 2009, pero de forma previa, durante largos períodos de tiempo en 2006, 2007 y 2008, estuvo varias veces en situación de baja colegial e incluso como no ejerciente.
Fue en la mayor parte de los casos entre 2004 y 2008 cuando ocurrieron los hechos que sustentan la condena. Una de las víctimas le contrató en 2007 para interponer una denuncia que con posterioridad se apreció que estaba incorrectamente planteada. Otro perjudicado fue una comunidad de propietarios de Moaña que en fechas similares había concertado con el letrado un contrato de prestación de servicios para realizar reclamaciones sobre una antena de telefonía móvil. Aunque percibió varias sumas de dinero, no consta que hubiera realizado "ninguna de las gestiones encomendadas". También consta entre los afectados una mercantil que lo contrató para asesoramiento jurídico y que le pagaba una cantidad fija mensual de 120 euros. La sentencia establece que, entre otras actuaciones negligentes, el acusado se quedó con dinero que debía haber abonado al cliente.
Entre los perjudicados también está un hombre que contactó con el abogado para obtener el reconocimiento de la Xunta del título de capacitación como transportista, otro que contrató sus servicios para cuestiones profesionales y de su divorcio, otro cliente que acudió a su despacho para que interpusiese recursos contra tres multas de tráfico o un exguardia civil que entró en prisión por un crimen que nunca cometió y al que el abogado no realizó las gestiones que le encomendó, entre ellas un recurso ante el Constitucional para interesar una indemnización de 300.000 euros.
La sentencia establece que el condenado debe abonar a tres de estos perjudicados sumas que alcanzan 3.390 euros, con la responsabilidad directa de una aseguradora con respecto a parte de estas cantidades.
