El proceso judicial contra un clan familiar que captaba a mujeres en Brasil y Venezuela para que ejerciesen la prostitución en clubes de alterne de Galicia escribió ayer su capítulo final en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, con penas mínimas que permitirán a los condenados eludir el ingreso en prisión. La Fiscalía pedía inicialmente un total de 36 años de cárcel para la red, pero tras un acuerdo de conformidad con las defensas la condena global para cuatro de los acusados -se retiraron los cargos contra una mujer a la que se consideraba cómplice- se redujo a 6 años. La sala ya dictó condena in voce en la sala contra Aquilino G.I. -ourensano ya sentenciado en 2008 por la justicia brasileña por tráfico de mujeres-, una hija y un hijo, S.G.F. y A.G.F., así como la pareja sentimental de este último, S.G.S. La familia vivía del negocio de la prostitución y el alterne y constituyó varias sociedades que gestionaron, entre 2010 y 2013, tres clubes en las provincias de Pontevedra y Ourense: el Goldfinger de Oia, Os Corzos de Verín y el Ninfas de Maside. Junto a este último local estaba el chalé donde se alojaban las mujeres que ejercían la prostitución.

Los acusados fueron sentenciados cada uno a 18 meses de cárcel como autores de un delito de grupo criminal y otro de inmigración clandestina en los que se apreció la atenuante de reparación del daño. Además de imponérseles las costas, se decretó el comiso definitivo de pasaportes, documentos de identidad y 8.000 euros incautados cuando el clan fue desarticulado en el verano de 2013. En concepto de responsabilidad civil esta familia deberá indemnizar a dos de las mujeres víctimas con 4.500 euros a cada una.

Tras pedirlo las defensas y no oponerse la acusación, el tribunal ya decretó también en la sala la suspensión de la ejecución de la pena por dos años para tres condenados -con la condición de que no cometan delito durante ese período-. En el caso de Aquilino G.I., la prisión se le sustituirá por una multa cuya cantidad se concretará en ejecución de sentencia. También se determinó el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre los acusados, que eran de comparecencias periódicas en los juzgados para firmar.

El clan gestionó tres clubes en los que, según relata la Fiscalía en su escrito, se imponían normas, horarios y los precios "por copa y pase". Los acusados facilitaron entre 2011 y 2013 la entrada ilegal aparentando ser turistas de mujeres procedentes de Brasil y Venezuela. Entre los casos, la acusación cita a dos jóvenes brasileñas u otras dos venezolanas a las que obligaron a pagar la deuda de 2.500 euros contraída por el viaje con el ejercicio de la prostitución. El Ministerio Público destaca la situación de "gran vulnerabilidad y sin alternativa ni posibilidad de salir de la marginalidad" en la que se veían estas mujeres. Por estos mismos hechos la justicia de Brasil abrió otra causa contra cinco personas, supuestamente las que captaban a las chicas en ese país.