La Audiencia Nacional inició ayer el juicio contra el exfutbolista del Celta y del Atlético de Madrid Julio Prieto Martín y una red de narcotraficantes acusada de introducir hachís en avionetas y helicópteros desde Marruecos a fincas preparadas en Andalucía, así como cocaína procedente de Sudamérica en maletas por el aeropuerto madrileño de Barajas. La causa por presunto blanqueo de capitales contra el grupo se ha desgajado en una pieza separada y de momento no hay fecha de juicio
El fiscal pide para los diez procesados penas que suman 159 años de cárcel. El carismático jugador de los años 80, en la actualidad representante de futbolistas algunos de ellos de la selección nacional, afronta penas de 9 años de prisión por presuntos delitos de detención ilegal, amenazas, lesiones y extorsión al que era su socio en la empresa Comunity para que colaborara con la organización y que en la actualidad es testigo protegido.
El socio de Prieto acudió a la Guardia Civil después de recibir una paliza y denunció que le amenazaban con matarle a él y a su familia si no devolvía el millón largo de euros que el supuesto cabecilla de la trama había invertido en la empresa que compartía con el exfutbolista, tras la captura en 2012 de un helicóptero con más de 500 kilos de hachís en una finca de Sevilla. A raíz de su denuncia un agente encubierto se infiltró en la organización y consiguió desmantelar la entrada de alijos de cocaína por Barajas
El Ministerio Público pide penas que suman 42 años, la más alta, para el empresario Juan Ignacio Burguete -un constructor que residía de alquiler en lujosa urbanización madrileña de La Finca- al que sitúa al frente de la organización de tráfico de drogas y extorsión; y 35 años para su lugarteniente, Juan Macías, al que considera jefe de la disciplina interna del grupo, cobros y extorsiones.
Entre los procesados figura otro antiguo deportista, el boxeador hispano rumano Venti Lakatos Gabor que fue campeón de Europa de WBO representando a España. Está acusado de colaborar en los cobros y en los ajustes de cuentas. En el banquillo se sientan también un colombiano y un ciudadano luso, que figura como arrendatario de la finca La Merced en Cádiz, donde tenían un aeródromo para el aterrizaje de los helicópteros con hachís, así como Jorge Etxepetelecu (cuñado de Burguete) y titular de la finca El Carmen de Sevilla donde se ocultaban las aeronaves. Los otros acusados son considerados colaboradores del tráfico de cocaína.
El fiscal solicita al tribunal que se decomisen los vehículos de lujo intervenidos, varios Mercedes y BMW así como un Porsche; dos camiones -uno con doble fondo para mover los alijos por tierra-, dos helicópteros y un avión Cessna. El testigo protegido actuó como intermediario en las compras, viajo al Congo y Noruega, convencido de que eran para una empresa aeronáutica de Burguete. La Fiscalía pide el comiso de la finca El Carmen de Sevilla y de los caballos que servían de "tapadera", así como la nulidad de los contratos de compraventa de un aeródromo en Cuenca.
Y es que el socio de Julio Prieto no fue el único extorsionado, según el escrito de acusación. El dueño de los terrenos del aeródromo recibió una paliza con bates de béisbol porque no se iba de la vivienda. Asegura que nunca se los pagaron.
