La Policía Nacional de Vigo ha desarticulado una trama que certificaba cursos de formación a vigilantes de seguridad de la provincia y ha imputado a la directora de un centro de formación y a tres responsables de una empresa de seguridad.
En concreto, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía han imputado a la directora del centro y a los tres responsables de la empresa por la supuesta comisión de delitos de falsificación en documentos oficiales, según ha precisado la propia Dirección General de la Policía en un comunicado.
En lo que respecta a la investigación, ésta se inició a mediados del pasado mes de febrero tras tener conocimiento, en la Unidad de Seguridad Privada de la Comisaría de Vigo-Redondela, de la denuncia presentada por un vigilante de seguridad. En ella, se manifestaba que en su cartilla profesional aparecía certificado un curso que él no había realizado.
Dichas cartillas profesionales las expide la Dirección General de la Policía y son propiedad de los vigilantes, si bien en el momento que entran a formar parte de la plantilla de una empresa las entregan a ésta en régimen de depósito, teniendo que anotar el responsable de la entidad las diferentes situaciones administrativas del vigilante, así como los cursos de formación o actualización que éste realiza o recibe.
Una vez finalizada la relación laboral entre ambas partes, la cartilla es devuelta a su legítimo propietario, siendo en ese preciso instante cuando el vigilante de seguridad comprobó que le figuraba anotado un curso sobre seguridad en eventos deportivos y espectáculos públicos del año 2013. Así, mientras los agentes indagaban sobre este hecho, tuvieron conocimiento de dos hechos similares en los que dos vigilantes denunciaban tener certificados varios cursos que no habían realizado.
Empresa donde trabajaron todas las víctimas
Debido a lo anterior, y ante la sospecha de que hubiera más vigilantes de seguridad en la misma situación, la Unidad de Seguridad Privada inició una investigación más amplia y profunda con objeto de verificar posibles irregularidades por parte de un centro de formación, así como de una empresa de seguridad para la que habían trabajado todas las víctimas.
Para ello, se tomó declaración a una treintena de personas, entre vigilantes de seguridad y profesores del centro de formación, además de los responsables de éste y de la empresa de seguridad. Los agentes encargados de la investigación tuvieron que desplazarse a diversas delegaciones u organismos oficiales de la provincia de Pontevedra para intervenir y remitir al Juzgado un total de 17 cartillas profesionales supuestamente falsificadas.
Ello permitió imputar a cuatro personas, siendo una de ellas la directora del centro de formación y los otros tres responsables de la empresa de seguridad, a los que se considera responsables de un supuesto delito de falsificación en documentos oficiales, en la cual la responsable del centro de formación era la autora material de los hechos y los responsables de la empresa de seguridad se constituían como cooperadores necesarios, al haber facilitado las referidas cartillas al centro de formación.
Cuotas a la Seguridad Social
Por otro lado, la Unidad de Seguridad Privada solicitó diversa documentación a organismos y descubrió que la empresa de seguridad había utilizado bonificaciones en el abono de sus cuotas a la Seguridad Social por la formación ficticia recibida por los vigilantes. Todo ello fue comunicado a las autoridades correspondientes por si el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o la Inspección de Trabajo condenasen a la empresa a la devolución de las cantidades bonificadas, así como a cumplir las sanciones económicas correspondientes.
Fruto del estudio de la documentación requerida al centro de formación, los investigadores descubrieron que éste había expedido dos diplomas a una persona de Murcia para que se presentase a las pruebas de vigilante de seguridad, si bien toda la formación se había realizado en la modalidad a distancia, lo cual está prohibido por la normativa de seguridad privada.
Remisión de los diplomas originales
Por todo ello, se solicitó la remisión de los diplomas originales, ya que serían supuestamente falsos, al no reunirse los requisitos legalmente establecidos para su expedición. Todo lo actuado fue remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo, por ser el que conocía los hechos.
