El primer macrojuicio por narcotráfico que se celebra en los juzgados vigueses sienta hoy en el banquillo de la Sección Quinta de la Audiencia a 18 acusados por el alijo de tres toneladas de cocaína interceptadas a bordo de, Riptide en junio de 2013. Entre los supuestos autores del transporte de este cargamento se encuentran líderes arousanos de la catalogada por las fuerzas policiales de lucha contra la droga "la última organización" de narcos gallegos. Por el elevado número de implicados en esta causa y de comparecencias previstas, de testigos o peritos, se prevé que el juicio dure prácticamente todo el mes, salvo que los señalados como cabecillas, para los que el fiscal solicita 23 años y 3 meses de prisión, alcancen algún acuerdo con el Ministerio Público.
La operación policial contra el Riptide había revelado la vuelta de los clanes gallegos al empleo de pesqueros para transportar la droga desde Sudamérica, un tipo de embarcación que parecía descartada después de los sonoros fracasos cosechados por otras organizaciones que habían intentado colar alijos en esta clase de buques. Ocurrió durante la madrugada del 29 de mayo, cuando los agentes del Grupo Especial Operativo (GEO) de la Policía Nacional asaltó el barco -pertrechado con toda clase de aparejos para camuflar su verdadera actividad- cuando navegaba con cinco tripulantes a bordo en medio del Atlántico, y con rumbo a Galicia.
Los agentes localizaron en la bodega del Riptide los sacos de cocaína que su dotación había recogido del mar en un punto de aguas sudamericanas donde los lanzó un avión. Quince días después, el pesquero llegó al puerto de Vigo remolcado por el buque de Vigilancia Aduanera, Petrel. El pesaje del alijo, ya sobre el muelle, superó las tres toneladas de cocaína.
Para los arousanos Marcos Vigo, Antonio Carballa Magdalena y José Luis Viñas Morgade, señalados por los investigadores como los responsables del cargamento, el fiscal Antidroga, Luis Uriarte, pide las penas más altas: 21 años y 3 meses de prisión. Les imputa un delito contra la salud pública con el subtipo agravante de "extraordinaria cantidad" de droga, uso de embarcación y en el seno de una organización delictiva. Apunta a los tres como receptores de la cocaína en España y también encargados del transporte aunque en coordinación con la banda sudamericana "exportadora" de la cocaína, tanto con los miembros de esta en Sudamérica como con su "delegado" en España, Jorge Gregorio Hernández. Este último había sido detenido en el aeropuerto de Santiago cuando pretendía viajar a Venezuela. Según la Fiscalía, su misión en Galicia sería la de controlar la entrega del alijo.
Para el vilanovés Francisco Javier Suárez, por su supuesta intermediación con los encargados del transporte de la cocaína, el fiscal pide 19 años de cárcel. Al venezolano Jesús Iglesias Cumplido y el gondomareño Rodríguez Camesella los acusa de facilitar el Pixapo, el velero que debía transportar la droga desde el Riptide hasta las costas gallegas, y que se averió en Aveiro (Portugal). El primero se enfrenta a 18 años y 9 meses de prisión y el segundo 20 años y 6 meses por sumar el delito de tenencia ilícita de armas.
Según el Ministerio Público, quienes tendrían el cometido de pilotar este velero -propiedad de Rodríguez Camesella- con la droga del Riptide ya trasvasada hasta las costas gallegas eran los vigueses Juan Domingo Covelo e Iván Méndez López junto con el meañés Rafael Couto Oubiña. Para estos tres pide 17 años y 3 meses de prisión. La misma pena que afrontan el pontevedrés Rogelio Collazo Cespón, encargado supuestamente de acomodar en Santiago a Gregorio Hernández, y los cinco tripulantes del pesquero. La solicitud de condenas suma en total 330 años de prisión y multas por valor de 1.600 millones.
