Juicio en Pontevedra de una causa del año 2000

Las dilaciones en instrucción dejan en penas mínimas el macrofraude del gasóleo en Galicia

Doce de los 22 imputados aceptan penas que van desde multas a 19 meses de cárcel y tres mandos de la Guardia Civil un año de inhabilitación - El fiscal retira los cargos a 5 implicados

06.11.2015 | 03:26
Juicio por el fraude del gasóleo en la Audiencia Provincial de Pontevedra. // Rafa Vázquez

Quince años después de que se iniciase la instrucción judicial, ayer llegó por fin a juicio el primero de los grandes fraudes del gasóleo detectados en Galicia y que supuso un perjuicio para la Hacienda Pública cercano a los 20 millones de euros, según el escrito de acusación del fiscal. El enorme lapso de tiempo transcurrido obligó a la Fiscalía a rebajar de manera significativa las elevadas peticiones de prisión que realizaba inicialmente al aplicar a la totalidad de los procesados en esta causa (un total de 22, dado que inicialmente eran 23 pero uno de ellos ya falleció) la circunstancia atenuante "muy cualificada" de dilaciones indebidas. La acusación se refiere a hechos ocurridos en los años 1998, 1999 y 2000.

La mayor parte de los acusados reconocieron durante la primera sesión del juicio, celebrada ayer en la Audiencia Provincial de Pontevedra, que participaron de este complejo sistema que tenía como objetivo dar salida como gasóleo A a combustible que estaba bonificado o simplemente exento de impuestos, de tal forma que al no abonar los tributos las ganancias para estas empresas se multiplicaban. Entre los acusados que reconocieron los hechos hay empresarios propietarios de almacenes fiscales de carburantes y gasolineras, así como transportistas o mandos de la Guardia Civil. Por ejemplo, un responsable y empleado de la empresa Pousadoiro S.L., con sede en Caldas de Reis, Manuel Prado López y Ángel Rafael Piñeiro Bermúdez, aceptaron las penas más altas con siete meses y 16 días de prisión por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública, así como cinco meses y 8 días más por un delito de falsedad, además de una multa de 1,4 millones de euros. En total, 19 meses de prisión para cada uno.

El responsable de Terra de Melide, otra de las empresas implicadas en la trama, Pastor Alicio Antonio Pérez Arribas, aceptó tres meses de prisión como autor de otro delito contra la Hacienda Pública al que hay que sumar otros cinco meses por el de falsedad.

Otros cinco acusados, Carlos Bautista Parejo, Severino Lacueva Fernández, Manuel Cándido Vijande Méndez, Antonio Fuentes Redondo y Vicente Buenaventura Bueno López aceptaron cinco meses y ocho días de prisión así como una multa por un delito continuado de falsedad. El papel de algunos de ellos era emitir facturas falsas a las empresas que manejaban el gasoil para dar cobertura a sus actividades fraudulentas.

Por último, entre los acusados que reconocieron los hechos se encuentran tres guardias civiles que firmaron decenas de repostajes a buques por parte de las empresas investigadas y que realmente nunca se produjeron, de tal forma que ese carburante, exento de impuestos, era vendido realmente como gasóleo A. El fiscal rebajó sensiblemente la petición de condena al entender que incurrieron en un delito continuado de falsedad en documento público cometido por un funcionario pero que lo hicieron por "imprudencia". Así, al modificar su acusación señala que los tres mandos del Instituto Armado firmaron los comprobantes de estos repostajes pese a no haberse cerciorado de que, efectivamente, se habían llevado a cabo. Los tres agentes son Juan Manuel González Díaz, quien en aquellos años era sargento comandante del puesto de Rianxo; Raimundo González Antón, suboficial mayor que tenía destino en el puerto de Oleiros; y José Martínez Martínez-Lombardía, quien en aquel entonces era sargento y jefe de la Patrulla de Puertos y Costas de Noia. Los tres asumieron una pena de seis meses de multa a razón de seis euros al día y un año de inhabilitación como guardias civiles. La lista de quienes reconocieron los hechos se cierra con Manuel Sobral. El fiscal retiró la acusación contra otros cinco acusados y reclama que se devuelvan a Hacienda los 20 millones defraudados

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