Un vigués afronta 4 años de cárcel por no pagar la pensión mensual de 1.500 euros a su hija

El empresario, con una "cuantiosa" herencia de su padre, puso un Mercedes y un Porsche a nombre de una prima -La joven tuvo que dejar sus estudios en Madrid

16.10.2015 | 02:08

Cuatro años de cárcel y 8.100 euros de multa. Ésta es la condena a la que se enfrenta un empresario vigués por colocarse supuestamente en una situación de insolvencia pese a contar con buena situación económica y amplio patrimonio, todo ello con el objeto de no pagar los 1.500 euros de pensión mensual a su hija y otros 300 a su exmujer. La Fiscalía, que le acusa de delito de alzamiento de bienes, afirma que debido a la conducta del acusado su hija se vio obligada a abandonar sus estudios universitarios en Madrid, ya que su madre no tenía medios económicos para hacerle frente: la mujer, se señala, tuvo finalmente que endeudarse para que la joven pudiese finalizar la carrera. El juicio estaba fijado para ayer en el Juzgado de lo Penal 3 de Vigo, pero se suspendió.

El divorcio fue en 2008, pero desde 2009 el acusado dejó de pagar las pensiones, debiendo a fecha de mayo de 2014 más de 93.000 euros. La fiscal, que destaca en su escrito la "buena situación económica" del hombre, afirma que éste "se fue colocando intencionadamente en una situación de insolvencia". Así, se señala, en junio de 2008 puso supuestamente a nombre de una prima un Mercedes Benz y un Porsche 911 Carrera, valorados en 42.000 euros, y que ella vendió en 2013 por apenas 8.500. Esta mujer, administradora de una empresa de la que era socio el acusado, también está imputada y afronta 3 años de cárcel como presunta cooperadora.

En junio de 2010 falleció el padre del acusado, dejándolo como heredero universal "de sus cuantiosos bienes", pero éste, siempre según la acusación, no tomó posesión de los bienes hasta 2012, adjudicándoselos para, el mismo día, "sacarlos de su patrimonio" para evitar posibles embargos por la deuda de las pensiones. Así, vendió unas fincas en Saviñao (Lugo) o aportó a la empresa de la que era socio la propiedad de un inmueble en Escairón. Además, tenía un crédito de casi 400.000 euros exigible a la sociedad en la que trabajaba que acabó condonando a la mercantil, impidiendo también así el embargo.

"Con estas operaciones, el acusado tenía la voluntad de no pagar sus deudas y sustraer su patrimonio a la ejecución civil, no figurando ningún bien embargable a su nombre ni incorporando a su patrimonio dinero ni bienes", concluye la fiscal.

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