Un exbodeguero asume la culpa por un fraude de 15.500 botellas de Ribeiro falso

Acepta la simulación de etiquetas y exculpa a otros 3 acusados -Polémica por un informe de la DO que cifra en más de 495.000 euros los perjuicios

07.10.2015 | 02:20
La extinta Bodegas Barbantiño, donde se produjo el fraude en 2009.

Antonio B.O. asumió ayer en exclusiva la responsabilidad por un fraude de 15.500 botellas de falso vino de O Ribeiro, mediante el uso de contraetiquetas simuladas, meras copias o imitaciones de las auténticas que amparaban a la Denominación de Origen. El bodeguero exculpó a su hermano, D.B.O., y a la mujer, M.P.V.R., que, como él, eran socios y ejercían de administradores solidarios de "Bodegas Barbantiño S.L.", la mercantil en la que se destapó el engaño a finales de 2009 y que ya está extinta. El autor confeso del fraude aseguró en el juicio que tanto ellos como el cuarto imputado, F.B.P., marido de la anteriormente citada, no sabían que hubiera copiado las etiquetas para aparentar su amparo por la Denominación de Origen. Tampoco sabían que manipulara el vino. Los tres no aportaron nada ayer en la vista; se acogieron a su derecho a no declarar.

El responsable limitó sus respuestas a la fiscal. Vista la declaración, la acusación pública limitó los cargos a Antonio D.O., pidiendo la absolución del resto. Además, redujo la propuesta de condena desde los 3 años de prisión -a los que inicialmente se enfrentaban todos- a 21 meses para el autor confeso

El abogado del Consello Regulador mantuvo la solicitud de condena para los cuatro acusados. Pide 3 años y medio de cárcel por una supuesta estafa, así como 1 año y 9 meses por falsedad.

En el juicio celebrado ayer en el Juzgado Penal 1 de Ourense -tras una investigación de 5 años- se produjo un momento de controversia entre la partes por la aportación, en el mismo acto, de un informe elaborad por un perito propuesto la DO que cifraba en más de 495.000 euros los perjuicios, una cifra que quintuplica los daños referidos al inicio de la causa.

La juez recordó al letrado que en su escrito de acusación había cifrado los daños en 100.000 euros, por lo que la nueva reclamación tiene pocos visos de prosperar. Tuvo que hacer un receso de más de media hora para que el resto de abogados y la fiscal pudieran revisar su informe. Cuestionan la falta de documentos y facturas que avalen sus cifras.

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