Una presunta defraudación de IVA entre los años 2003 y 2005, estimada en 8,2 millones de euros por la Fiscalía, sentará el próximo martes en el banquillo de los acusados de Vigo a dos empresarios. El fiscal de Delitos Económicos solicita penas que suman 19 años de cárcel para ambos y pide como multa la millonaria cantidad que considera defraudada. La acusación sostiene que el empresario Manuel F.G, introductor en Galicia de una las principales compañías de teléfonos móviles del sector, es el presunto cerebro de la trama por lo que pide para él las penas más altas: 12 años de cárcel y multa de 5,9 millones. El otro empresario imputado -un tercero falleció durante la instrucción- es José P.U., considerado cooperador necesario por lo que afronta casi 7 años de prisión y multa de 2,3 millones.
La vista oral se celebrará el próximo martes en el Juzgado de lo Penal 1 de Vigo. Frente a las tesis de la Agencia Tributaria y la Fiscalía, que acusa al empresario vigués de aparentar a través de la firma Telenet supuestas ventas a distintos clientes radicados en Portugal -al ser país intracomunitario las exportaciones no están gravadas con el IVA aunque sí las adquisiciones en España-, Manuel F.G. espera aclarar que sus exportaciones a Portugal cumplían todos los requisitos y que no tiene relación con firmas que habrían incumplido con el fisco, las denominadas "truchas", aunque alguna pudo ser cliente suya.
El fiscal sostiene que se trata de un "fraude de carrusel" clásico y que el propietario de la firma viguesa destinada a la compraventa de productos de telefonía y electrónicos "ideó" un "fraude en cadena" con la finalidad de eludir, al menos en parte, las obligaciones tributarias del impuesto del IVA.
La trama carrusel, con distintas modalidades, consiste en simular haber soportado el pago de cantidades por IVA o haber realizado operaciones comerciales que dan derecho a devolución, caso de la exportaciones y operaciones intracomunitarias, sin que dichas operaciones hubieran existido en realidad para defraudar a Hacienda.
En el caso de Telenet, la Fiscalía sostiene que aparentó vender a distintos clientes radicados en Portugal material informático, como discos duros y microprocesadores, que en realidad "o bien no circulaba, o se destinaba a girar entre distintas empresas implicadas". Argumenta que algunas de las empresas lusas carecían de actividad e incluso de almacenes para guardar la mercancía, figuraban a nombre de los mismos administradores (algunos de los cuales no han podido ser localizados) y que la mayoría de los transportes a Portugal se realizaban a través de una firma que carecía de autorización y que,, según Hacienda, carecía de actividad. También apunta que alguno de los proveedores eran los mismos que después recibían la mercancía en Portugal
