La validez de escuchas telefónicas y otras pruebas centraron la primera sesión del macrojuicio contra una veintena de supuestos miembros del denominado clan Roma, que ayer comenzó en la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra. Las defensas de algunos de los acusados trataron de impugnar dichas pruebas, cuya validez se resolverá finalmente en la sentencia -según dictaminó el tribunal-, de modo que podrán ser presentadas y rebatidas a lo largo de la vista, que se prevé larga.

Veinte personas presuntamente vinculadas al clan del arousano de José Ramiro Vázquez Roma, comparten banquillo con el presunto cabecilla acusados del transporte de unas 4 toneladas de cocaína intervenidas en 2007. Los procesados se enfrentan a penas de entre 5 y 27 años de prisión, caso de Vázquez Roma, por supuestos delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales, además de a multas millonarias.

El fiscal antidroga, Luis Uriarte, se opuso a la impugnación de las escuchas, por considerar que el modo que se obtuvieron están avaladas por el procedimiento judicial. Uriarte entiende además que tanto la investigación como la instrucción del caso se desarrolló con "numerosos indicios concretos y objetivos".

El Ministerio Público da por probado que los acusados formaban parte de una organización criminal, que tenía como finalidad el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína. Las magistradas del tribunal han aceptado, pese a la oposición del fiscal, las pruebas que han presentado algunos de las defensas, entre ellas que se tome declaración a los socios de la empresa propietaria de un astillero portugués donde se construyeron unas planeadoras supuestamente utilizadas para el desembarco de la droga, así como informes contables que justificarían las cuentas de algunos de los implicados. Carmen Avendaño, presidenta de la Asociación Érguete, acudió como público al juicio en apoyo a uno de los imputados, "por ser éste una persona ya reinsertada en la sociedad.