Sesenta años de prisión para cada uno por abusos sexuales continuados a sus dos hijas menores de edad. Esta es la pena que pide la Fiscalía para un matrimonio que residía en el entorno de la ciudad de Pontevedra y que se enfrenta a una petición de condena de 30 años y medio de cárcel cada uno.
Ambos procesados, según el escrito de acusación, vivían con sus cuatro hijos y desde el año 2008 el padre, en connivencia con su mujer, agredió sexualmente a la mayor de las niñas cuando esta contaba con once años de edad. Asimismo, la acusación señala que durante 2009, en fechas que no pudieron ser concretadas, otra de sus hijas que seguía en edad a la anterior "fue también agredida sexualmente por los acusados". Aún no había cumplido diez años.
En noviembre de 2009 la Xunta de Galicia, por resolución de la Consellería de Traballo e Benestar, declaró el desamparo de los cuatro menores y asumió su tutela; y en febrero de 2012 acordó la suspensión de las visitas que los procesados venían teniendo con sus hijos, principalmente en el centro, evitándose cualquier contacto con ellos. Más tarde, en 2013, el juzgado de Primera Instancia número 5 de Pontevedra acordó el acogimiento familiar permanente de los cuatro menores.
Ambos procesados se encuentran en prisión provisional por esta causa desde el 30 de septiembre de 2013. La fiscal los acusa a cada uno de ellos de dos delitos continuados de agresión sexual (por los que pide 15 y 13 años y medio de cárcel, respectivamente) y otro delito de obstrucción a la Justicia por el que reclama otros dos años de prisión. También pide una multa de 14 meses a 12 euros de cuota diaria, un total de 5.040 euros a cada uno, por el delito de obstrucción a la justicia.
Además, el Ministerio Público pide que ambos progenitores indemnicen a las dos niñas menores con 60.000 y 30.000 euros y que se les retire la patria potestad durante el tiempo de la condena. Una vez cumplida ésta, en caso de ser condenados, solicita se dicte una orden de alejamiento de ambos a las menores por espacio de 45 años.
La Fiscalía, en atención a que las víctimas son menores de edad y para preservar su identidad, ha solicitado que el juicio oral se celebre puerta cerrada al entender que "concurren razones suficientes para ello". Por el mismo motivo tampoco se ha facilitado ni la identidad de los padres ni tampoco la localidad en la que residían con sus hijos antes de ser detenidos e ingresar en prisión provisional por estos hechos.
El caso llegará a juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra la próxima semana. Como testigos declararán las víctimas -no ha trascendido si tras un biombo o por vídeo conferencia para evitar encontrarse frente a frente con sus progenitores-, pero también testificarán como peritos varios médicos forenses y psicólogos.
El caso es uno de los más graves investigados las fuerzas de seguridad en la provincia de Pontevedra, de ahí las penas que solicita la Fiscalía, no solo para el presunto autor de las agresiones sexuales, sino para su mujer y madre de las víctimas que conocería y consentía lo que ocurría en el domicilio familiar.
