La operadora Orange se ha personado como acusación particular contra la trama de fraude de telefonía internacional destapada en Vigo y Lugo en 2006, en la que están procesadas 17 personas entre las que figuran cinco agentes de la Guardia Civil adscritos en aquellas fechas a la Aduana del Puerto de Vigo. Si la Fiscalía cifra en 3 millones de euros el presunto fraude fiscal a la Agencia Tributaria, el abogado de Orange reclama 7,5 millones de euros por los perjuicios causados a la firma en apenas dos años.
En su escrito de acusación, sostiene que las 17 personas contra las que dirige su acusación, en su mayoría unidas por relaciones familiares y de amistad, formaban una "organización criminal" y a partir de 2005 se "concertaron" e "idearon" una trama para obtener importantes cantidades económicas valiéndose de una defraudación a la Hacienda Pública y una estafa continuada a operadoras de Telecomunicaciones.
La forma de actuar, sostiene el representante de Orange, era clara. Por un lado adquirían miles de packs de telefonía móvil y antes de exportarlos y revenderlos en el extranjero separaban la tarjeta SIM que era vendida o cedida a otros miembros de la trama que a través del sistema Simbox revendían fraudulentamente tráfico telefónico.
"Con todo ello obtenían un doble lucro: por una parte la venta en el mercado libre nacional o extranjero de los terminales que Orange facilita gratuitamente o a bajo precio a clientes profesionales o empresas, y por otra parte, realizaban consumos masivos en las líneas, en las franjas gratuitas, a través del sistema Simbox". La acusación particular expone que este sistema es un dispositivo celular con capacidad para soportar varias SIM ala vez, incluso de diferentes operadores móviles. Son equipos programables en función de la franja horaria y operador de destino y no están destinados a aprovechar las mejores tarifas pero por razones de política comercial las operadoras suelen ofrecer estas franjas de tráfico gratuito y que en su opinión "implica una reventa del tráfico ofrecido por Orange", que tuvo que hacer frente a cargos de otras compañías con "elevadas pérdidas".
Así, Orange reclama 7.580.356 euros que desglosa por partidas. En concepto de comisiones pagadas a los distribuidores pro las ventas de los packs y el alta de las líneas 2.245.123 euros y 468.126 euros por la suma de 861 facturas que resultaron impagadas. También cifra en 4.137.429 euros respecto a los costes de interconexión y otros 729.676 en cuanto a costes de terminales telefónicos.
La acusación particular imputa un delito continuado de estafa a 12 de los procesados, incluidos los supuestos cabecillas de la trama, los lucenses J.M.D.V. y P. C.M., así como a los supuestos gestores que compraron cientos de teléfonos móviles en ofertas de grandes superficies comerciales y un abogado vigués que fue socio de los imputados en una mercantil, por lo que solicita para cada uno de ellos 6 años de prisión y 12 meses multa; mientras que para los cinco agentes de la Guardia Civil de Vigo que supuestamente facilitaban los trámites aduaneros solicita 5 años y medio de prisión por cohecho.
En cuanto a la reclamación de 7,5 millones de euros como responsabilidad civil directa por el perjuicio causado a Orange, reclama que además de las empresas de la trama y el despacho aduanero que tramitaba la exportación de los terminales telefónicos, se incluya también a la Administración del estado en relación a los delitos cometidos por los agentes de la Guardia Civil. Reclama, además la averiguación patrimonial de todos los acusados para conocer si los acusados son titulares de bienes, valores, vehículos , planes de pensiones ingresos y rentas de trabajo.
El fiscal, que no acusa a los gestores que adquirieron los teléfonos móviles para la trama, pide penas mucho más altas para los presuntos cabecillas, entre 7 y 11 años.
Más de 13.500 líneas utilizadas en consumos masivos de franjas gratuitas Simbox
- Los acusados, según el escrito de la acusación particular, contrataron con la operadora Orange13.539 líneas "que fueron utilizadas únicamente al tráfico Simbox". Unos dispositivos instalados en distintos locales de Galicia y de Madrid, a tenor de los registros efectuados. El abogado de la firma apunta que la organización "estaba perfectamente estructurada". Así, señala que "unos compraban los packs prepago habiendo alcanzado previamente acuerdos con empleados de centros comerciales y grandes superficies para que se los reservaran; otros formalizaban contratos postpago llegando a acuerdos con distribuidores; otros cedían las líneas obtenidas a otras sociedades del grupo, otros despaquetizaban y desbloqueaban terminales, otros preparaban los teléfonos para su exportación y finalmente se exportaban desde la Aduana de Vigo". El escrito de acusación sitúa en el primer nivel de la trama a los dos lucenses y al abogado vigués, a quienes acusa de crear sociedades y comunidades de bienes que actuaron como intermediarias para adquirir los packs telefónicos y comercializar la mercancía fraudulenta. En el segundo nivel estaría la media docena de compradores de teléfonos en grandes almacenes y el tercer grupo se encargaría de manipularlos. En total, sostiene, una decena de empresas del entramado encubrían la actividad.
