La Audiencia Provincial de Pontevedra ha reservado tres jornadas la semana próxima para juzgar a tres supuestos integrantes de una red que se dedicaba a introducir alijos de cocaína en la provincia a través de los puertos de Lisboa y Marín, droga que venía oculta en contenedores, camuflada entre otra mercancía legal, como latas de piña o merluza congelada. La Fiscalía Antidroga de Pontevedra pide penas que suman 33 años de prisión (11 para cada acusado) por delito contra la salud pública por sustancias que causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia y cometido "simulando operaciones de comercio internacional entre empresas".
La banda estaba supuestamente liderada en España por dos vecinos de Vigo, Severo G. M. y Alberto C. R., que tenían un presunto contacto de la red colombiana que suministraba la droga afincado en Madrid, Antonio Cruz V. S., el tercer acusado. Según la Fiscalía, Severo, sin antecedentes policiales hasta esta detención, se dedicaba a la importación de cocaína desde Sudamérica a España usando para ello dos sociedades mercantiles de las que era titular, Vigo Fish y Garrido Import Export. Una actividad en la que contó "en todo momento con la indispensable colaboración del también imputado Alberto C. R.", señala el fiscal, quien estaba a sus órdenes y manteniendo entrevistas y contactos telefónicos con otros participantes en la trama delictiva.
Primer intento
Según el fiscal, el primer intento de introducir un alijo a través de los puertos españoles tenía como destino el puerto de Marín. A la rada pontevedresa debía llegar un contenedor con merluza que tenía como destinatario a Severo a través de la mercantil de la que era responsable. Pero el cargamento nunca llegó a su destino dado que en octubre de 2010 la Policía de Ecuador, en un registro del mismo, halló 472 kilos de cocaína ocultos entre el pescado congelado.
A partir de ese octubre, el fiscal asegura que Severo comenzó a mantener contactos con el imputado Antonio, representante del clan que suministraba la droga en Colombia en España y que ocupaba el cargo de administrador único en la empresa Euroandina de Importaciones S. L., unos contactos que tenían como "única finalidad colaborar en la importación de cocaína desde Iberoamérica a España". Estos contactos se ampliaron desde diciembre de 2010 a un portugués que también iba a colaborar en este narcotransporte. Este ciudadano luso ya está siendo juzgado por estos hechos en Portugal.
El 28 de abril, la Policía Judiciaria portuguesa interceptó un contenedor de piña y hallaba un total de 55 kilos de cocaína camuflados en latas de piña. Según el fiscal, el cargamento total de cocaína importado por los acusados habría dado lugar a 1,2 millones de dosis en el mercado negro lo que les hubiera generado 1,9 millones de euros de ganancias. Cada acusado afronta una multa de 1,8 millones.
