El juicio contra la presunta trama de blanqueo de capitales supuestamente procedentes del narcotráfico liderada por Juan Carlos González Martín, Culebra, continuó ayer en Vigo con la declaración de varios representantes de bingos en Portugal, donde el principal acusado reveló en anteriores sesiones que había obtenido importantes beneficios para demostrar la legal procedencia de su patrimonio. Estos testigos aseguraron que la explotación de los negocios de juego "está controlada" por las autoridades de su país y que son "totalmente transparentes".
Enrique A., directivo del club de fútbol Os Belenenses y asesor del Culebra, fue llamado a declarar como testigo en la vista oral que acoge la Sección Quinta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica. Detalló que los rendimientos de esta actividad económica, la de los bingos, se repartían entre las empresas concesionarias de las casas de juego, cuatro salas en total vinculadas a González Martín, y el pago de los impuestos correspondientes, y que la Hacienda lusa estaba al tanto de "cuánto salía de cada jugada".
En la segunda jornada del juicio, Culebra había alegado que su actividad empresarial en bingos portugueses le reportó unos beneficios de 15 millones de euros y negó la procedencia ilegal de su patrimonio y cualquier relación con el narcotráfico. Además, justificó las cuatro cuentas bancarias que abrió en una sucursal de Viana do Castelo a nombre de su mujer e hijos, por un importe de 5,8 millones euros, afirmando que les quiso dejar como legado este dinero después de que le detectaran unos nódulos en un pulmón.
Según Enrique A., los bingos en los cuales el acusado tenía participación empresarial alcanzaban cifras de beneficios anuales que rondaban los 6 millones de euros, y en el caso concreto del de Os Belenenses, "el más importante de Portugal" por aquel entonces, llegaba a los 10 millones.
El economista William Luis.B., encargado de crear y gestionar los negocios entre los clubes de fútbol y las sociedades explotadoras de los casinos, afirmó, por su parte, que el control del fisco portugués era "total" y que las sociedades explotadoras realizaban una actividad "totalmente transparente".
Un socio de Juan Carlos González en las diversas sociedades explotadoras con las que contaba, también citado como testigo, confirmó la legalidad de la actividad y la compra de la participación de Culebra en compañías creadas para dicho fin. Sin embargo, a preguntas del fiscal, no pudo confirmar que se pagasen los impuestos pertinentes por dicha operación.
El fiscal pide para los 13 acusados, entre quienes se cuentan la mujer y tres hijos de González Martín, así como dos sobrinas, la hija de su prima segunda y empresarios usados también como supuestos testaferros, penas que suman 61 años de cárcel.
