El Juzgado de Instrucción número 2 de Ponteareas, que investiga el homicidio del hombre que apareció con las piernas amputadas en el arcón congelador de un piso de Ponteareas la semana pasada, no es el único que busca al inquilino de la vivienda, el paraguayo José Antonio Frutos Ayala. La magistrada de Instrucción 1 de Pontevedra lleva meses buscándole para que declare como imputado por un presunto delito contra la Hacienda por un fraude de IVA cifrado en 142.332 euros correspondiente al año 2012.
El paraguayo figura como administrador único de la constructora Gómez Bodaño, vendida ante notario por un euro al "testaferro" de una supuesta sociedad de Qatar el 2 de noviembre de 2011. El presunto comprador, que al parecer había estado preso en A Lama, duró apenas unos meses como administrador único de la firma, pues enseguida se la vendió a Frutos Ayala, también por un sólo euro, que, se sospecha, actuó también como testaferro.
En un auto dictado este mismo lunes por la juez de Pontevedra -apenas cinco días después del macabro hallazgo y ya con la orden de busca y captura internacional contra el paraguayo dictada por el tribunal de Ponteareas- se insta al letrado de Frutos a facilitar el domicilio actual de su cliente o, en caso contrario, anuncia que dictará orden de detención. Esta magistrada intentó durante meses y sin éxito localizar al paraguayo para citarle por la trama del fraude fiscal en distintas direcciones, y el pasado abril la Guardia Civil de Ponteareas informó al juzgado de que no podían dar con su paradero.
Ese mismo mes de abril, concretamente el día 25, el sospechoso del crimen del congelador comparecía ante un notario de Ponteareas para designar abogados y procuradores que representaran a la constructora "de condición unipersonal" en Madrid y en distintas ciudades gallegas. En concreto en A Coruña, Vigo, Pontevedra, Ribeira y Ponteareas.
La querella de la Fiscalía de Delitos Económicos de Pontevedra contra Gómez Bodaño SA se hacía pública el pasado mes de enero.
Seis imputados en la causa
El 13 de febrero, la juez de Instrucción 1 de Pontevedra dictaba un auto en el que abría diligencias previas por presunto delito a la Hacienda contra los seis imputados y fijaba 200.000 euros de fianza "para asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias derivadas de esta causa, procediéndose al embargo de bienes de su propiedad en cantidad suficiente de no hacerlo en el plazo de 5 días".
Además de Frutos Ayala, la magistrada imputa a Alberto F.A., el primer administrador tras la venta de Gómez Bolaño por un euro. La Fiscalía sostiene que ambos son "meros testaferros de la propiedad" que, estima sigue siendo del matrimonio que la constituyó en su día. El quinto imputado es el director financiero que en su día trabajó para los fundadores de la empresa y el sexto, Manuel G.G., posible intermediario. El número de imputados podría incrementarse, ya que la magistrada sigue con la averiguación de domicilio de un vecino de Vigo para citarle
La Fiscalía atribuye la propiedad al fundador de la constructora y a su esposa, ya que pese a los cambios de propiedad en las escrituras, mantenían los poderes al no haber sido revocados y eran titulares en las cuentas de la sociedad.
Una situación que descartan los abogados del matrimonio. Destacan que precisamente fue el fundador de Gómez Bodaño SA quien en 2012, tras la venta de la firma al presunto testaferro de la supuesta sociedad catarí, denunció por vía telemática el posible fraude fiscal al detectar que no se estaba pagando el IVA. Curiosamente, aseveran, la denuncia se ha vuelto contra el denunciante que ha acabado como imputado, si bien confían en poder demostrar la situación.
Embargo millonario
De hecho, ya han obtenido una sentencia favorable frente a la Agencia Tributaria en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que supondría con los intereses de demora algo más de un millón de euros. Cantidad que ha sido retenida por la Agencia Tributaria para el pago de diferentes deudas, entre ellas las que son objeto de la querella de la Fiscalía de Delitos Económicos por el IVA de 2012. Dado que la cantidad retenida "es muy superior a las objeto de querella", los letrados del matrimonio han solicitado al Juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra que adopte las medidas pertinentes para aliviar o reducir las trabas o embargos acordados para garantizar la responsabilidad civil.
