Una vivienda unifamiliar de la parroquia porriñesa de Pontellas era el centro de operaciones de una banda organizada que utilizaba la violencia extrema para cobrar deudas en toda Europa. La Guardia Civil la da por desarticulada en el marco de la operación Explosiva Juan, cerrada con siete detenidos en toda España, tres de ellos en la provincia de Pontevedra y el resto en Cantabria, Madrid, Badajoz y Guadalajara. El inquilino de la casa de Porriño, Pedro Martínez García de 40 años, era el cabecilla de la red de extorsionadores y presionaba a los deudores acompañado de su lugarteniente, Didier F.C. de 34 años, vecino de Sabarís (Baiona). El juez ha dictado prisión sin fianza para los dos, de nacionalidad cubana, la misma que posee el tercer arrestado en la comunidad, M.D.L. de 43 años, residente en Pontevedra. Se les acusa de presuntos delitos de intento de homicidio, agresiones, amenazas, coacciones y extorsión.
La Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra y Guadalajara han desarrollado la operación, coordinada por los juzgados de instrucción número 2 de Tudela (Navarra) y de Guadalajara. Los agentes se desplazaron a Galicia el 8 de abril, fecha en que detuvieron a los tres implicados pontevedreses. Además de los arrestos, realizaron un registro en la vivienda de Porriño, donde se incautaron de un arma de fuego simulada, material sofisticado de vigilancia y seguimiento y más de una decena de matrículas falsificadas de varios países europeos.
La investigación arrancó el pasado agosto, tras varias denuncias por parte de las víctimas que referían amenazas y extorsiones de individuos pertenecientes a una empresa dedicada al cobro de deudas, Eurobulldog, que ofrecía sus servicios de "cobro extrajudicial a nivel internacional" a través de una web.
Los guardias comprobaron que la firma carecía de registro mercantil y de mecanismos legales para el cobro de servicios y el pago de impuestos. Aunque la página de internet menciona dos domicilios fiscales en Madrid y Lisboa, lo cierto es que el grupo delictivo actuaba con sede en la localidad de Porriño.
Clientes y víctimas a la vez
Los clientes establecían los contactos iniciales a través de la red para después proporcionar los datos sobre las víctimas y las cuantías económicas reclamadas al grupo delictivo, que firmaba contratos falsos y establecía el porcentaje que se quedaría de la deuda en función de factores como el montante, la dificultad del cobro, el desplazamiento o los medios a emplear. En caso de que los demandantes del servicio incumpliesen con las cantidades fijadas, pasaban a formar parte de la lista de víctimas.
Personas de origen latinoamericano de complexión muy fuerte, algunas culturistas profesionales, realizaban las visitas intimidatorias a los morosos o a sus familiares más próximos. El grado de violencia se iba incrementando en las sucesivas intervenciones. Una de ellas finalizó con la tentativa de homicidio de uno de los deudores.
Los sicarios utilizaban vehículos de alquiler para desplazarse y cambiaban sus matrículas originales por otras portuguesas para obstaculizar la labor policial.
