Apenas cinco años después de matar a cuchilladas a su excompañera sentimental en la autopista AP-9 y viajar con su cadáver en el coche hasta Cambre (A Coruña) para entregarse en el cuartel de la Guardia Civil, el asesino Luis Manuel Conde Faílde está en la calle pese a ser condenado a 15 años y medio de prisión por la Audiencia de Pontevedra. El fiscal del caso no ve motivo para recurrir la aplicación del artículo reglamentario penitenciario que se le ha aplicado pues Conde Faílde -asegura- cumple todos los parámetros y requisitos para aplicarlo, aún entendiendo que la medida en principio puede resultar "llamativa" para la sociedad por la gravedad de la pena y a que los hechos por los que fue condenado son "horribles".

El Ministerio Público estima que carece de argumentos para oponerse al segundo grado especial que el juez de Vigilancia Penitenciaria de Pontevedra ha concedido al preso, que disfruta todo el día en libertad y solo debe ir al CIS de Vigo a dormir. Una polémica decisión que contó con el rechazo unánime de la junta de tratamiento de A Lama.

Esta falta de argumentos, explica, radica en que cuando el fiscal se opuso hace meses al primero de los cinco permisos de salida previos que el juez de Vigilancia otorgó a Luis Manuel Conde y lo recurrió ante la Audiencia de Pontevedra su motivación fue rechazada. El tribunal provincial descartó el recurso del fiscal y ratificó la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria al entender que el preso cumplía todos los requisitos exigidos. Ante esta primera decisión en su contra de la Audiencia, la Fiscalía entiende que todas las demás que pudiera recurrir serían en el mismo sentido, rechazando sus recursos.

Luis Manuel Conde cumple, según el Ministerio Público, con todos los requisitos para beneficiarse del segundo grado con flexibilidad de artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, según el cual se adopta respecto a algunos penados "un modelo de ejecución en el que pueden combinarse aspectos característicos de cada uno de los grados de clasificación".

Conde Faílde, que ha estudiado Derecho en prisión, solicitó este beneficio penitenciario -que en su día se concedió también a Luis Roldán- argumentado que necesitaba salir a trabajar porque quería hacer frente a la responsabilidad civil de 90.000 euros que el tribunal le impuso como indemnización para la hija que había tenido con la víctima, Fabiola Mariana Dasilva, una joven brasileña a la que el día de asesinato fue a recoger a Portugal para llevarla hasta A Coruña, donde estaba la niña de ambos que contaba entonces con 5 años. En el viaje en coche la apuñaló hasta matarla.

El reo de asesinato, además de buenos informes de su estancia en prisión, aportó según la Fiscalía varias ofertas de trabajo en el exterior, que fueron comprobadas y que le proporcionarían un salario con el que quería hacer frente al resarcimiento a las víctimas a través del pago de su responsabilidad civil. Hasta entonces, al parecer, lo había hecho con trabajos en el centro penitenciario gracias al taller de cableado que existía en A Lama para Citroën y sus auxiliares, pero con la caída de producción en la factoría de Balaídos las posibilidades de trabajar en A Lama son ahora escasas. Por eso el juez de Vigilancia Penitenciaria le concedió la flexibilidad en el cumplimiento del segundo grado.