El juicio oral contra el celador de Olot (Girona) Joan Vila, acusado del asesinato de once ancianos en la residencia La Caritat comienza este lunes en el nuevo Palacio de Justicia de Girona y se alargará hasta el 7 de junio, cuando se entregará al jurado popular el objeto del veredicto.

Según el guión del juicio, durante estos días pasarán por la Audiencia de Girona más de 80 testimonios, entre empleados de La Caritat, policías, familiares de víctimas, trabajadores del Hospital Sant Jaume de Olot y algún inspector de sanidad.

Además, acudirán los peritos policiales, los forenses, miembros del Instituto Nacional de Toxicología y del Instituto de Medicina Legal de Cataluña y psicólogos y psiquiatras.

Vila se enfrenta a una pena de 194 años de cárcel, según la petición del fiscal, Enrique Barata, que le acusa de once asesinatos con alevosía y tres de estos once con ensañamiento, ya que dio productos cáusticos a sus víctimas.

El abogado defensor del celador, Carles Monguilod, pide que el excelador sea condenado a libertad vigilada un máximo de 20 años, mientras que las acusaciones particulares reclaman un total de 202 años de prisión.

Según consta en el escrito del fiscal, los tres últimos crímenes, producidos los días 12, 16 y 17 de octubre de 2010, se produjeron con ensañamiento, ya que el celador obligó a sus víctimas a ingerir ácido desincrustante o lejía lo que les provocó "sufrimiento, graves dolores y padecimientos, tos, vómitos, convulsiones y una crisis respiratoria".

Los otros ocho ancianos fallecieron entre agosto de 2009 y septiembre de 2010 después de que Joan Vila les subministrara presuntamente una mezcla de psicofármacos triturados --en seis de los casos-- o bien una sobredosis de insulina; así, por los últimos tres asesinatos la pena de cárcel asciende a 22 años, mientras que para los ocho restantes es de 16 años.

Según el ministerio público, el celador se aprovechó en todo momento de la avanzada edad de los ancianos y su imposibilidad de defensa, además de la confianza que le tenían por ser uno de los empleados del geriátrico, por lo que afirma que los mató con alevosía.

Barata también contempla la posibilidad de reconocerle al acusado la atenuante de confesión de los ochos crímenes que contó de manera voluntaria en declaración judicial el 31 de noviembre de 2010, siempre y cuando testifique en el juicio igual que lo hizo durante la fase de instrucción.

Lo que no admite el fiscal es que el acusado sufra algún trastorno mental y, por ello, no estima ninguna atenuante al respecto.

En relación a la responsabilidad civil, el fiscal pide que Joan Vila indemnice a los familiares de las víctimas con 530.000 euros, un cálculo hecho en base a los siguientes criterios: la edad de la víctima, su estado físico, el grado parental, la relación de los familiares con la víctima, el lugar donde residía la víctima y los perjudicados, la crueldad del delito y sobre la base orientativa del baremo de indemnizaciones por accidentes de circulación.

Alteración psíquica

Por su parte, Monguilod reconoce en su escrito de conclusiones que los hechos que relata el fiscal son constitutivos de once delitos de asesinato, pero que en el momento de actuar Vila padecía una alteración psíquica, que no se corresponde a ninguna enfermedad mental, lo que le hacía atribuir de manera incorrecta la acción que realizaba como si se tratara de una "conducta moralmente buena".

Y por ello, añade Monguilod, no consideraba que sus acciones merecieran ningún reproche y provocaron que incluso no tuviera sentido de culpabilidad ni de arrepentimiento.

Según el escrito de la defensa, el procesado creía que la calidad de vida de los fallecidos se hallaba muy deteriorada, ya que todos ellos eran de avanzada edad y salud precaria.

Ante esta percepción, Vila supuestamente decidió "acabar con esos padecimientos, provocándoles la muerte de manera voluntaria".

El letrado cuenta también que lo sucedido se ha podido acreditar gracias a la propia confesión "que de manera voluntaria" hizo el acusado tanto ante los Mossos d'Esquadra como en sede judicial.

En cuento a la responsabilidad civil, Monguilod coincide con lo solicitado por el fiscal.