El supuesto rapto, de Oporto a Galicia, de un menor portugués en abril de 2010, un caso que la Policía lusa retrató como tráfico de esclavos, se juzgó ayer en Ourense como supuesto delito de detención ilegal. La fiscal reclama penas de tres a cuatro años y medio de cárcel y propone como alternativa, si la juez no ve pruebas, el delito de coacciones. Sostiene que el joven fue intimidado para que obedeciera y trabajara en lo que le ordenaran.
El proceso sentó en el banquillo a Paulo Rafael Da Silva Freitas, preso por asesinato en una prisión lusa y a Francisco Javier González Pereira, que negaron lso hechos. Los dos viajaron a Oporto y tras encontrarse al chico en la estaciónregresaron con él. "No cabe en cabeza humana hablar de secuestro cuando lo llevaron al peluquero, al bar y le compraron ropa", subrayó la defensa. "Él quería trabajar y tener un techo; nunca se quejó", manifestó en su interrogatorio Francisco Javier.
La vista que resolverá el caso pasó por alto los indicios barajados en la investigación, como que el menor, que desaparició cuando acudía a un centro de formación profesional, vivía en condiciones denigrantes de suciedad, inmundicia y cohabitación con animales en una cuadra de la vivienda unifamiliar del número 21 de Santa Mariña do Monte, una localidad de la periferia de la ciudad muy próxima al cuartel de la Guardia Civil. Tampoco se abordó el supuesto plan de que estudiaban vender al menor por 3.000 euros para trabajos forzados.
