Las consecuencias del mayor fraude fiscal de Galicia destapado en Vigo, con epicentro en el grupo empresarial "Las 5 Jotas" como emisor de facturas falsas de las que se beneficiaron al menos 200 imputados, incluidas 65 grandes empresas privadas dedicadas a obra pública, que habrían defraudado unos 50 millones de euros en el IVA y el Impuesto de Sociedades, van más allá de las diligencias penales que se siguen en el Juzgado de Instrucción 6 de Vigo. Los primeros despidos de empleados bancarios imputados en la trama han llegado al Juzgado de lo Social. Este es el caso de la directora y el subdirector de la sucursal de Caixa Bank en la parroquia viguesa de Cabral, entidad con la que habitualmente trabajaban los hermanos Costas y su grupo empresarial "Las 5 Jotas".
El primer caso en juzgarse fue el de la directora de la oficina, considerado procedente por el Juzgado de lo Social, por lo que no recibió compensación alguna por su despido. El segundo juicio iba a celebrarse ayer, pero una indisposición de la magistrada de Social 3 y la imposibilidad de contar con un juez sustituto por los recortes en Justicia, obligaron a suspender todas las vistas. Además del despido de los dos responsables de la sucursal viguesa, Caixa Bank sancionó verbalmente y suspendió un tiempo de sueldo a otra decena de empleados que prestaron sus servicios en la sucursal de Cabral entre los años 2006 y 2001.
La entidad achaca a los dos directivos despedidos contravenir las buenas prácticas bancarias en mandamientos de pago y entrega de dinero en efectivo. Frente a estas acusaciones, los afectados esgrimen que se trataba de prácticas habituales de la sucursal, que sus superiores las conocían (hubo auditorías y el movimiento anual del grupo "Las 5 Jotas" rondaba los 8 millones de euros) y que ellos no se beneficiaron económicamente de estos movimientos, que sí generaron ingresos a la entidad crediticia en la que trabajaban.
En la causa penal del millonario fraude fiscal con epicentro en "Las 5 Jotas" hay al menos otros cuatro empleados bancarios de distintas entidades imputados a nivel particular - ninguna entidad crediticia ha sido imputada como tal-. Así, en algunas sucursales bancarias se habría facilitado la apertura de numerosas cuentas corrientes a nombre de terceros -casi todos autónomos y entre ellos algunos rumanos-, sin que éstos lo supieran y sin que fueran a la entidad a firmar. Cuentas que manejaba, como apoderado, uno de los hermanos Costas que actuaba como administrador general del grupo empresarial familiar y que habría aportado los datos de los afectados porque habían trabajado en "Las 5 Jotas".
En otros casos, algunos empresarios recogían en metálico grandes cantidades de dinero que, al parecer, no siempre se reseñaban inmediatamente. Este es el caso de un empresario localizado con 300.000 euros en efectivos en una bolsa frente a una entidad donde acaba de retirar el dinero, y pidió que le permitieron regresar para firmar el justificante del dinero.
A través de las cuentas de autónomos cuya titularidad no habría sido verificada, se movían grandes cantidades de dinero, pues en su nombre se habrían emitido facturas falsas por trabajos millonarios que nunca se realizaron. Algunas sucursales, habrían actuado como amplificadores de fraude, sostienen
