Bienes del Estado incautados al narcotráfico se devalúan por falta de medios para gestionarlos

Un informe pericial revela que el patrimonio de 15 millones aprehendido a "Pelopincho" se depreció en 5 millones - Una solución, administradores al estilo de las empresas en concurso

03.03.2013 | 07:10
Coches de la red de "Pelopincho" que ardieron en un sospechoso incendio tras conocerse la sentencia. // I.A.
Coches de la red de "Pelopincho" que ardieron en un sospechoso incendio tras conocerse la sentencia. // I.A.

Articular soluciones que permitan gestionar los bienes incautados a los narcotraficantes durante las prolongadas fases de instrucción de los procedimientos judiciales por tráfico de drogas o blanqueo sigue siendo una asignatura pendiente para el Gobierno. El objetivo, evitar que los grandes patrimonios decomisados lleguen a manos del Estado devaluados por la falta de medios que tienen los juzgados o la Fiscalía para administrarlos.

El deterioro, la devaluación o incluso la ruina de estos bienes es habitual en muchos de los grandes procesos. Uno de los ejemplos más significativos es muy reciente. En noviembre del pasado año el Tribunal Supremo ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra por la que se condenaba a penas de prisión a casi todos los testaferros del narco José Antonio Pouso Rivas, "Pelopincho", que está en paradero desconocido.

El fallo del Alto Tribunal confirmaba que el Estado pasaba a ser el titular de todo el patrimonio decomisado y que, cuando se inició la instrucción ocho años atrás, estaba valorado en 15 millones de euros. Su destino es el fondo del Plan Nacional sobre Drogas, que cuando recibió la sentencia comenzó a trabajar para poder subastar estos bienes y así revertir las ganancias obtenidas con el narcotráfico en programas de prevención y reinserción de drogodependientes.

Sin embargo, cuando el Plan Nacional sobre Drogas preguntó por los bienes, poco se sabía de la situación en la que se encontraban y, en algunos casos, incluso no estaba claro dónde. Fue por este motivo que la Fiscalía de Pontevedra y el juzgado de Caldas encargaron otro informe pericial en el que se pasaría revista a los más de 130 embargos ordenados, que incluían una decena de mansiones o chalés, 23 viviendas, locales comerciales, joyas, obras de arte, más de una veintena de vehículos, cuentas bancarias, dinero en efectivo...

El resultado de este informe ya fue remitido por la Fiscalía al Plan sobre Drogas para que pueda disponer de los bienes y sacarlos a subasta. El trabajo no hizo más que dar la razón a quienes reclamaban más medios para administrar estos bienes. El perito comprobó como el paso del tiempo arruinó la mayor parte de la flota de automóviles y como el estallido de la burbuja inmobiliaria ha depreciado el valor de las propiedades. El informe señala que el patrimonio de "Pelopincho" se ha devaluado en cinco millones, de los 15,5 millones en los que fue valorado inicialmente a los 10.629. 708 euros en los que está tasado en la actualidad.

Soluciones

Fuentes judiciales señalan que la Operación Cormorán es solo un ejemplo -quizá el mejor, por su magnitud- de las dificultades de los juzgados a la hora de gestionar los bienes decomisados, ya que la situación se repite en más operaciones de este tipo. La creación de un gran depósito general para custodiar los bienes más perecederos sería una respuesta paliativa, pero no la más importante. Fuentes judiciales apuestan por articular medidas como equipos de profesionales que se dediquen a gestionar estos grandes patrimonios mientras no hay sentencia firme. Un sistema similar al que se usa en los juzgados de lo Mercantil con los administradores concursales, de tal forma que liberaría a juzgados y fiscales (ya desbordados por las labores de instrucción e investigación) de esta función.

Otra medida para impedir estas pérdidas millonarias sería arbitrar mecanismos para que los juzgados pudieran proceder a la venta anticipada de los bienes, sobre todo en el caso de los más perecederos (vehículos o barcos), antes incluso de la sentencia firme. En caso de absolución, el procesado también podría recuperar su dinero en lugar de un montón de chatarra.

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