La gran redada contra el tabaco de contrabando desarrollada la semana pasada en el mercado de A Pedra en Vigo y en el de Santa Lucía en A Coruña con más de 35 detenidos, ha permitido desarticular la organización andorrana que suministraba los cigarrillos por vía terrestre a los contrabandistas gallegos. El juez de Instrucción 2 de Santiago, José Antonio Vázquez Taín se trasladó al Principado al frente de una comisión rogatoria formada por funcionarios de la Vigilancia Aduanera y de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) e imputó formalmente a otras 15 personas, a las que tomó declaración en dos maratonianas jornadas de interrogatorios. La magistrada del juzgado de Instrucción 6 de Andorra prestó apoyo a la comisión judicial.

Las declaraciones de los nuevos imputados permitieron avanzar en la investigación, pues algunos se mostraron dispuestos a colaborar e incluso se interesaron en alcanzar un acuerdo de conformidad. Previsiblemente se trasladarán hasta el Juzgado de Instrucción 2 de Santiago para ampliar las declaraciones prestadas en Andorra. Todos ellos se personaron ya con abogado y procurador en la causa instruida en Galicia, donde se celebrará el juicio, ya que en su país no han cometido delito alguno.

Vázquez Taín inició los interrogatorios en Andorra con la escala más baja de las pequeñas organizaciones que se ocuparían del traslado del tabaco en camiones de doble fondo(conductores y transportistas), y cerró las declaraciones con los tres presuntos caecillas de las distintas redes y los responsables de la gerencia y la dirección financiera de la única fábrica tabaquera implicada. El propietario de la firma, que inicialmente iba a declarar como testigo, pasó a ser imputado "para garantizar sus derechos", aunque previsiblemente no llegará ni a ser llevado juicio, según fuentes próximas al caso.

El magistrado compostelano y la comisión rogatoria regresaron ayer a España, dando por finalizada la denominada Operación Alga, que se cierra 237.000 cajetillas intervenidas y medio centenar de imputados en España (23 en Galicia) y Andorra, entre los que figuran los cabecillas de las organizaciones de contrabando que dirigían la introducción del tabaco en España, su distribución e incluso la venta en determinados puntos, así como varios activos vendedores que aprovechaban la apariencia de negocios legales para poner a disposición del consumidor el tabaco ilegal. Las imputaciones iniciales van desde el delito de contrabando a la pertenencia a organización delictiva, así como delitos contra la Hacienda y blanqueo. Los investigadores cifran en 10 millones de euros al año el fraude cometido por la trama.

El contrabando de tabaco, que casi había desaparecido en España, se ha disparado en los últimos meses especialmente en Galicia y la lucha contra este tipo de fraude se ha convertido en uno de los principales objetivos de la Agencia Tributaria. A 30 de junio de este año se habían intervenido ya 5,8 millones de cajetillas de cigarrillos, un 27,8% más que el mismo período del año anterior.