Rebajan dos años la petición de pena para la excuidadora

En la sesión de este viernes en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo, donde el caso ha quedado visto para sentencia, cada una de las partes expuso sus conclusiones, mientras que la acusada, N.V.G., renunció a su derecho a la última palabra. Así, la Fiscalía sostiene que "al menos" ocho lactantes resultaron intoxicados por benzodiacepinas --así lo revelaron las pruebas del Instituto Nacional de Toxicología-- y que todos ellos tenían como "nexo común" el aula de bebés de la guardería.

Además, considera una "prueba demoledora" que la "única" persona que tenía "acceso" al trankimazin fuera la acusada, quien llevaba a tratamiento psiquiátrico desde 2006. También ha indicado que, tras el despido de esta cuidadora, ningún niño "volvió a mostrar síntomas".

El ministerio público aludió, además, a las "contradicciones" en las que incurrió la acusada durante el proceso a la hora de ser preguntaba sobre si tomaba trankimazin o no y cuántas pastillas había ingerido.

Por otra parte, estimó un agravante que la mujer fuera en aquellos momentos la cuidadora de los niños y que estos fueran menores. Por ello, afirma que hubo "dolo" tanto en el delito contra la salud pública como en el de lesiones, pues, según mantiene, la mujer era también conocedora de las "consecuencias fatales" que podría tener la ingestión de benzodiacepinas por parte de lactantes.

Penas

Por ello, solicita 4 años de prisión, la inhabilitación para trabajar con niños por igual tiempo y una multa de 300 euros por un delito contra la salud pública y, para cada uno de los cuatro delitos de lesiones, pide dos años de prisión e inhabilitación para trabajar con niños por igual tiempo. También pide una falta de lesiones --y que se corresponde con el caso de un niño que no necesitó hospitalización y que inicialmente se incluía en los hechos considerados delito-- penada con dos meses de multa.

En cuanto a la responsabilidad civil, considera que es una "forma de resarcir a los niños y a los padres, que han pasado seguramente el mayor susto de su vida", y pide indemnizaciones de 1.000 euros en los casos de daño moral y lesiones y de 500 euros en los casos de daño moral. A este respecto, además de responsabilizar a la acusada, la Fiscal considera que guardería y seguro son responsables subsidiarios.

Sobre la guardería, estimó que no fue todo lo diligente que debería a la hora de contrastar el currículum de la acusada y llamando sólo al último centro donde había estado, recordando que, una vez iniciada la investigación, "la Policía con simples llamadas supo que había habido problemas" en otras escuelas infantiles. "Si las llamadas se hubiesen hecho antes, a lo mejor se hubiese podido evitar", aseveró, al respecto de las intoxicaciones.

Acusaciones

Por su parte, las acusaciones particulares de los tres padres personados coincidieron con la Fiscalía a la hora de aludir a las "contradicciones" de la acusada y del hecho de que todos los niños estuvieran a su cuidado, si bien reconocieron que no era posible saber en qué momentos exactos y en qué cantidades de trankimazin fueron suministradas a los niños. Una de ellas calificó lo ocurrido de "especialmente repulsivo" y recordó la "angustia" vivida por los padres en marzo de 2010.

Así, dos de las acusaciones pidieron penas por un delito contra la salud pública de 4 años y 6 meses de prisión y una inhabilitación de 10 años. En cuanto a la responsabilidad civil, ambas demandan 10.000 euros y consideran responsables subsidiarios a la guardería y al seguro.

La tercera acusación solicita 3 años, 6 meses y un día de cárcel por un delito contra la salud pública y 3 años y 6 meses por lesiones. De responsabilidad civil pide 500 euros para el menor al que representa, 4.500 euros por la baja médica de la madre y 10.000 euros a los padres.

Defensas

La defensa de N.V.G. solicitó la libre absolución y afirmó que, de tener que calificar de algo los hechos, lo haría de falta de malos tratos --que supondría una pena de multa de 10 a 20 días--. El abogado pidió a la sala "rigor jurídico" y "no dar pábulo al morbo" ni basarse en "factores emocionales". Así, manifestó su rechazo a la propuesta de Fiscalía de 12 años de prisión, recordando que "un homicidio son de 10 a 15 años".

Además, aludiendo a cuestiones técnicas, consideró que no se produjeron delitos contra la salud pública pues, entre otros aspectos, "no se genera adicción" y que tampoco hubo los de lesiones, pues se trata de "un delito de resultado material" y, a su juicio, "la somnolencia no es una lesión".

El letrado también apeló a la "presunción de inocencia" de su patrocinada y, tras indicar que a veces la gente busca "cabezas de turco" para tener mayor "seguridad", mantuvo que "no hay suficientes indicios probatorios" para considerarla autora, sino que sólo hay "meras conjeturas y elucubraciones". De hecho, recordó que no sólo esta cuidadora estaba en contacto con los bebés y que la propia directora del centro dijo que la despidió al sospechar de ella por haber sido la última en entrar a trabajar.

Por su parte, la defensa de la guardería consideró que la dirección no fue negligente a la hora de contratar a la acusada y considera que hubiera sido imposible enterarse de problemas llamando a todos los anteriores centros en los que había estado. "Esas cosas se tapan y se taparon", mantuvo.

El letrado indicó que el hecho de que la guardería no tuviese licencia para la nueva aula de bebés en la que trabajaba la acusada destacó que es "un tema burocrático no grave en la atención a los niños" y que no desembocó en sanción, al tiempo que atribuyó a las acusaciones la intención de "intentar ensombrecer el muy buen hacer de la guardería".

Finalmente, el abogado del seguro manifestó entre otros aspectos su disconformidad sobre una indemnización para el tiempo en el que una de las madres estuvo de baja laboral, pues "la pidió para estar con su hijo".