"Su primera obligación es darle de comer a su hija". Una fiscal se mostraba ayer así de contundente en un juicio celebrado en Vigo contra un padre –un promotor que ahora se declara en la ruina– que se enfrenta a su tercer proceso penal por no abonar la pensión alimenticia a la niña que tiene en común con su exesposa. Y esta no fue la única vista de la jornada en la ciudad olívica por el incumplimiento de este deber familiar. Junto a este hombre, otros cuatro progenitores se sentaron a lo largo de la mañana en el banquillo por no pasar las cantidades mensuales destinadas a la manutención de sus hijos. Una situación que se convierte en un claro ejemplo de cómo la crisis está disparando este tipo de casos en los que los menores se convierten en víctimas directas de las dificultades económicas que alegan sus padres para justificar los impagos.

De los once juicios que estaban señalados para ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo, cuatro fueron por no abonar estas pensiones. La otra sala que también celebraba vistas, la número 2, acogió un proceso más. "Y cada vez va a haber más casos", auguran fuentes judiciales. La razón es que que las madres –son ellas las que mayoritariamente tienen la custodia de los menores– acuden cada vez con más frecuencia a la vía penal para reclamar a sus excompañeros los pagos mensuales que estos han dejado de abonar a los hijos en común. Estas denuncias se presentan cuando ya fracasó la vía civil en los juzgados de Familia.

Castigos

Las consecuencias de acabar en el banquillo de una sala de lo Penal son más graves, ya que los padres se enfrentan a un delito, el recogido en el artículo 227 del Código Penal del grupo de los de abandono de familia: además del pago de las cantidades adeudadas en concepto de alimentación de sus hijos, la condena puede ir de tres meses a un año de prisión o de seis a 24 meses de multa.

Al mismo tiempo que las madres separadas denuncian estos impagos, son muchos los progenitores que demandan una revisión a la baja de la pensión alimenticia alegando una reducción de sus ingresos o la pérdida del trabajo. El pasado año casi 200 padres solicitaron esta modificación de medidas en los juzgados de Familia de Vigo. Pero los letrados relatan que es muy complicado que los magistrados acepten esta revisión. Para que el juzgado rebaje la cantidad, debe haber un cambio sustancial de los ingresos y ser además permanente. "No basta con estar en el paro", advierten.