Sorpresa, indignación y vergüenza. El caso desvelado en exclusiva por FARO DE VIGO del profesor Nemesio Antonio Pisonero Domínguez, que cumple 26 años de condena en la prisión de Ourense y cobra la pensión de viudedad de su esposa desde que hace 13 años la mató a tiros junto al hijo mayor de ambos, movilizó a la opinión pública de toda España y puso en marcha de inmediato la maquinaria de la Administración del Estado para intentar corregirlo.
El Ministerio de Economía y Hacienda, del que dependen las clases pasivas €el sistema de pensiones de empleados públicos de Muface que abonan la retribución€, encargaba ayer por la tarde un informe jurídico a la Abogacía del Estado para revocar de "inmediato" la pensión y ponía fin a una jornada llena de despropósitos y caos entre las distintas administraciones: Trabajo, Instituciones Penitenciarias y Hacienda, que se responsabilizaban unas a otras sobre la situación.
Los juristas estudiarán si se puede aplicar a Pisonero la Ley Integral de Violencia de Género de 2004, que impide que homicidas y asesinos cobren estas pensiones, o la orden ministerial de 1967 que regulaba las pensiones de viudedad y establecía que se la prestación se extinguiría si el beneficiario es condenado en firme por la muerte del causante de dicha pensión. Y es que el profesor de matemáticas cometió el doble parricidio en su domicilio de Laguna de Duero en 1998. También analizarán si hay posibilidad de exigirle la devolución de parte de las cantidades percibidas, ya que Antonio Pisonero ha percibido una pensión de más de 800 euros al mes en los últimos años, si bien en marzo de este año tuvo que renunciar a una parte, pues al cobrar otros 1.800 euros por su propia jubilación superaba los 2.400 euros del máximo legal establecido. Por eso la pensión de viudedad se redujo a 670 euros brutos.
Ajeno a la polémica que ha suscitado, el doble parricida hacía vida normal ayer en la ciudad de Ourense. A primera hora de la mañana abandonó el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar y se dirigió a la academia donde estudia informática y donde se dejó fotografiar. Condenado a 26 años y aunque su pena se extinguiría en 2018, lleva ya dos años en tercer grado, lo que le permite salir a diario de prisión y regresar sólo para dormir. Anoche, sin embargo, no regresaría al penal, pues empezaba el permiso que una vez al mes le permite disfrutar de una semana en libertad.
El Ministerio de Economía y Hacienda, según informó ayer un portavoz, desconocía la situación de Pisonero Domínguez hasta la publicación de la información de FARO DE VIGO, pese a que la Delegación Provincial de Ourense ya fue alertada del caso en noviembre de 2010.
El 25 de octubre de aquel año la Delegación del Instituto de la Seguridad Social de Ourense (INSS), dependiente del Ministerio de Trabajo, envió a Pereiro de Aguiar un escrito para cruzar sus datos con los de los condenados de violencia de género. Informaba que Nemesio Antonio Pisonero cobraba una pensión de viudedad de clases pasivas y preguntaba si estaba cumpliendo condena y por qué. La dirección de la prisión respondió dos días después que cumplía 26 años por el homicidio de su mujer y de uno de sus hijos, aportando fechas y sentencias. El 4 de noviembre el INSS comunicó a prisión mediante una providencia que alertaba a clases pasivas de la Delegación de Hacienda en Ourense del cobro de la pensión de viudedad del doble homicida "a los efectos oportunos". Una comunicación que llegó a la delegación ministerial ourensana pero no al Ministerio de Hacienda en Madrid, según fuentes oficiales.
El caso de Nemesio Pisonero previsiblemente no es el único, dada la gran descoordinación entre administraciones. Los dislates comenzaron a primeras horas de la mañana. Un portavoz oficial de Trabajo indicaba que la pensión no era de la Seguridad Social y que no habían pasado la información a Hacienda, de quien dependen clases pasivas, en cumplimiento de la ley de protección de datos. Añadía que correspondía a Instituciones Penitenciarias, una vez alertada, comunicárselo a clases pasivas. Instituciones Penitenciarias resaltaba que no tienen acceso a las cuentas y bienes de los internos, y que el propio Ministerio de Trabajo comunicó a la dirección de Pereiro de Aguiar en 2010 que ya había alertado a Hacienda.
Mientras grupos de mujeres juristas exigían "un cambio de la ley de Vigilancia, que permita su retroactividad si es necesario", la secretaria de Estado de Igualdad Laura Seara exigía a Trabajo y Hacienda "que investiguen y aclaren si hay más casos", porque "ningún hombre que haya matado a una mujer puede cobrar una pensión de viudedad".
