Tres años después de la gran operación contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico que llevó al Servicio de Vigilancia Aduanera a desmantelar uno de los grupos más investigados de los últimos años en Galicia, el del septuagenario vigués Juan Carlos González Martín "Culebra", uno de los históricos del contrabando de tabaco y del tráfico de hachís, la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Vigo ha cerrado la instrucción con 14 procesados de los 31 imputados inicialmente.
La magistrada, en el mismo auto que reconvierte las diligencias en procedimiento abreviado, decreta el archivo provisional contra 17 imputados de la denominada Operación Malpolón, entre los que se encuentran un notario de Vigo y un oficial de su notaría; la propietaria de una galería de arte viguesa y varios empresarios de distintos sectores que habrían tenido relación profesional y legal con González Martín.
Frente a las posibles acusaciones de delito fiscal o falsedad documental, la magistrada imputa finalmente un único delito, blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, al "Culebra" y a varios familiares y allegados a los que considera "testaferros", entre los que se encuentran su mujer y sus tres hijos; el constructor vigués Carlos Rocha, representante de Construcciones Iglepor; y el empresario de Moaña Alfonso Collazo, titular de un astillero y varias firmas naves. En estos dos últimos casos, la juez mantiene que hay indicios de que González Martín aportó dinero negro a las empresas.
La juez citó ayer en el juzgado a los representantes legales de los 31 imputados y de la acusación para que en plazo de diez días formulen escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral, la práctica de las diligencias complementarias que consideren imprescindibles o el sobreseimiento. El auto, no obstante, no es firme y puede recurrirse.
De lo actuado hasta ahora se desprende "indiciariamente", según el auto judicial, que Juan Carlos González Martín fue condenado por tráfico de drogas a 4 años de prisión en 1999, y "le consta una detención policial en 2010" por el mismo delito; si bien ese mismo año el fiscal decidió no procesarlo con varios de sus supuestos testaferros por un alijo intervenido en Barcelona. Por otra parte, añade la magistrada, consta su relación con personas con antecedentes por narcotráfico como Serafín Calo Queiruga y Ramón Parada Rodiño, con quienes mantuvo una reunión seguida por el Servicio de Vigilancia Aduanera en 2004. González Martín, siempre según el auto, acudió a dicha reunión acompañado por Víctor González Silva, que fue asesinado en mayo de 2005 "sospechándose que su muerte se debió a un ajuste de cuentas por sicarios colombianos motivado por el robo de una tonelada y media de cocaína". La juez añade que también se le relaciona con el narco arousano Jacinto Santos Viñas, en prisión por una condena de narcotráfico.
Sentado lo anterior, el auto se centra en la actividad económica del grupo familiar formado por González Martín, su mujer y sus tres hijos, que "ha acumulado un importante patrimonio inmobiliario, son o han sido propietarios de un considerable número de vehículos de alta gama, lo cual se estima que no es acorde con la actividad laboral o profesional desarrollada por sus miembros". Entre los años 1989 y 1995, indica la juez, adquirieron hasta 11 inmuebles mientras "Culebra" disfrutaba de prestaciones de la Seguridad Social por invalidez, y ni su mujer ni sus hijos trabajaban, excepto uno durante dos años.
El mayor nivel de ingresos se detecta en 1996 "por los rendimientos de capital inmobiliario –alquileres–, sin perjuicio de que puedan constituir beneficios procedentes de operaciones con inmuebles cuya adquisición se nutrió de fondos presuntamente con origen en el tráfico de estupefacientes, actividad en la que obran antecedentes y condena a Juan Carlos González Martín".
La juez destaca que durante 2003 y 2004 obtuvieron importantes créditos hipotecarios por importe de 500.000 euros para adquirir fincas y propiedades, y que en 2006 "Culebra", su mujer y sus tres hijos abrieron cuatro cuentas en un banco luso ingresando 5.830.000 euros en efectivo.
