El juicio con jurado en Portugal por la desaparición y secuestro del industrial Guillermo Collarte, desaparecido en Valença do Minho el 5 de octubre de 1999, se cerró ayer con las conclusiones de la fiscal y los abogados. El letrado de la familia Collarte, Rui Leal, pidió para los cuatro acusados penas no inferiores a los 8 o 9 años de prisión, por los delitos de secuestro y desaparición. La fiscal resaltó la conducta "atípica" de los exsocios del empresario el día de su desaparición y pidió "la condena que corresponda", mientras que los abogados de la defensa quieren la absolución porque "no hay pruebas directas de los hechos, sólo suposiciones".

Así lo escucharon de pie los constructores españoles acusados José Gerardo Torres Abalo y Luís Sánchez Lavandeira, ambos exsocios de Collarte y supuestos inductores del rapto, además de los portugueses Víctor Manuel Días Pereira, presunto sicario encargado del secuestro y con historial delictivo por atracos a bancos; y José Lópes Rodrígues, ausente de la sala por enfermedad, quien fue gestor administrativo de una sociedad de Collarte y ex concejal de Valença.

La fiscal fue la primera en formular su exposición, relacionándola con el primer rapto del 12 de agosto de 1998, sufrido por Collarte, donde los autores le pidieron la cantidad de 150 millones de pesetas, importe que correspondía a una expropiación que iba a cobrar. Recordó las recomendaciones de la policía española para que no lo dejasen nunca solo, hasta llegar al día de su desaparición, cuando Torres Abalo lo llevó en su coche hasta una reunión en Valença, donde se efectuó un pago. "No sabemos después quién de los dos tuvo la iniciativa para ir juntos al lugar de la obra: Collarte o Lópes. Las dudas y las sospechas comienzan ahí", precisó la fiscal, para relatar los hechos que no tienen explicación, como la tardanza en dar cuenta de la desaparición del hombre a la GNR, después de que Lópes lo dejase solo para ir a buscar unos planos "que no eran necesarios. La intención era dejarlo solo para que pasara lo que pasó", relató la fiscal, antes de afirmar que "estamos aquí ante un crimen, porque Collarte no salió de allí por su propio pie", dijo, entendiendo como "conducta inculpatoria" la de los acusados.