Cinco personas fueron detenidas el pasado lunes en Alicante, Murcia, Galicia y Zaragoza por su presunta vinculación con una red que robaba datos privados de particulares y los vendía después a empresas. Según fuentes cercanas a la investigación, que fue llevada a cabo por la Policía Nacional, la supuesta organización delictiva estaba liderada por un detective privado que trabajaba en la zona de Elche y que al parecer podría no estar habilitado ni colegiado para ejercer esta profesión.

Algunos de los detenidos recopilaban presuntamente información de morosos para venderla posteriormente a empresas con las que estos estuviesen endeudados, facilitándoles así los cobros y embargos, según informa J.H. en La Opinión de Murcia. Los datos incluían números de cuentas bancarias, domicilios y otros aspectos relevantes para localizar los bienes de las personas afectadas.

La información la obtenían al parecer a través del Instituto Nacional de Empleo, por lo que se sospecha que alguien de dentro de la Administración puede ser responsable de la filtración.

La investigación está siendo dirigida por la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, que se encarga de indagar en las posibles irregularidades en el sector, bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 2 de Mula (Murcia): el juez ha decretado el secreto de sumario sobre un caso que sigue abierto y en el que no se descartarían más arrestos en próximas fechas.

Mutismo

Aunque no se ha facilitado ningún tipo de información de carácter oficial dado el secreto que pesa sobre las actuaciones judiciales, los datos que han trascendido apuntan a que dos personas habrían sido arrestadas en Murcia, una en Galicia, una en Zaragoza y el último, el cabecilla del grupo, en Alicante. Tres de ellos fueron puestos ayer a disposición judicial imputados de los delitos de cohecho, asociación ilícita y descubrimiento y revelación de secretos. El juzgado instructor decretó prisión preventiva para tres de los imputados en este operativo, aunque no se concretó quiénes son ni si a todos ellos se les imputan los tres delitos.

Otras fuentes citadas por un diario valenciano apuntaban ayer a que concretamente en la comunidad gallega podría haber más de un arrestado y que serían los supuestos compradores de la información personal que lograba el detective, que actuaría de intermediario entre los empresarios y un funcionario de una Oficina de Empleo que al parecer también habría sido arrestado en el operativo. Los agentes realizaron registros en los que se incautaron de material que investigarán en el marco de esta operación sobre la que por el momento pesa un gran mutismo.