Una red de prostitución juzgada en Vigo se enmascaraba tras una fundación deportiva

M. FONTÁN - VIGO Una supuesta red dedicada a la prostitución que explotaba a mujeres extranjeras en un piso de la Gran Vía de Vigo bajo coacción y utilizando sociedades "pantalla" y que además hacía uso de novedosos "contratos", entre ellos unos documentos con todo tipo de servicios sexuales que debían firmar las víctimas y que en caso de incumplimiento conllevaban elevadas multas. Ésta es la tesis que sostiene la fiscal en un caso destapado en 2007 y que ayer llegó a juicio. En el banquillo se sentaron tres acusados: el presunto proxeneta, Alfredo P.S., "Alex Casas"; la pareja de éste y supuesta colaboradora, Raquel M.S.; y una abogada viguesa, Susana R.P., a la que la acusación considera cómplice de un delito de tráfico ilegal de personas al estimar que realizó y redactó dos tipos de contrato que habría utilizado el principal procesado tanto para traer a mujeres a España como para vincularlas a él laboralmente en calidad de "animadoras de fiestas".
Uno de los datos desvelados en esta primera jornada de juicio –una sesión en la que los imputados negaron las acusaciones– fue que la red usaba, según la Fiscalía, sociedades "pantalla", una denominada Fundación Campus Stelae, presidida por el acusado y vicepresidida por su madre y que teóricamente tenía como fin promover el deporte entre la juventud. A juicio de la acusación, nada más lejos de la realidad. Ésta y otras sociedades, sostiene, carecían de actividad y tenían como fin "explotar el negocio de la prostitución" ya que a través de ellas se contrataba publicidad o compraban los billetes de avión para las mujeres, que llegaban a Vigo en calidad de "turistas" y para una estancia de tres meses.
La Fiscalía mantiene que las mujeres –venezolanas, brasileñas o argentinas y entre las que hay una testigo protegida o víctimas engañadas que creían que venían a cuidar niños– estaban sometidas a un férreo control en el piso de Gran Vía –la red tenía otro en Castrelos–. Al llegar debían firmar un "contrato" donde constaban sus datos personales, nivel de estudios o los servicios sexuales que debían hacer. En casos de incumplimientos, añade la fiscal, había multas: por ejemplo, 1.000 euros por una cita privada con un cliente. Debían estar disponibles siempre, hacían jornadas de hasta 12 horas y no podían salir solas de la casa. Y no recibían dinero hasta saldar una deuda por el viaje a España que podía alcanzar los 3.000 euros.
El principal imputado negó todo, incluido la existencia de sociedades "pantalla". Afirmó que las mujeres sabían que venían a prostituirse y que tenían libertad para entrar y salir del piso. Sobre las multas, sólo admitió haber sancionado con 20 euros a una chica. Explicó que contemplaba las multas en el documento "para que hubiese un orden". Y hasta ahí, según él. "A veces les decía ´te voy a multar´ y ni me hacían caso, se reían", dijo. En el piso de Gran Vía, resumió, "no había ni jefe". "Cada uno hacía lo que quería", declaró el hombre, que sí admitió que reclamaba la deuda de los billetes a las mujeres. Sobre el contrato con los servicios sexuales, indicó que sólo era una ficha con "datos personales" para anunciar a las chicas en Internet.