La asociación Justicia Animal ha denunciado al abuelo del niño que murió hace dos semanas en su domicilio familiar de Pazos de Borbén tras el ataque de un pit bull porque considera que su dolor “no justifica” que ahorcase al perro después de producirse el trágico accidente.

El niño de dos años fue agredido por el animal el pasado 15 de mayo en el lugar de Mosteiro y trasladado con urgencia en helicóptero hasta el hospital Xeral de Vigo con heridas muy graves, pero los médicos no pudieron salvar su vida. Tras suceso, el abuelo del menor decidió sacrificar al perro propiedad de la familia.

Justicia Animal expresa a la familia su “sincero dolor”, pero indica en un comunicado que su cometido es proteger los derechos de los animales y que el ahorcamiento del perro puede ser un delito de maltrato animal tipificado en el Código Penal.

Por ello, la presidenta de la asociación, Matilde Cubillo, ha presentado ante la Jefatura Superior del Seprona de la Comandancia de Madrid la correspondiente denuncia. Según ella, “el dolor del abuelo del niño no justifica la ejecución por ahorcamiento del animal” ya que “el ataque se produjo como consecuencia de una imprudencia de su dueño, que no se aseguró de que estuviera correctamente cerrada la puerta del cercado en el que se encontraba el pit bull”. La primera versión de los investigadores, sin embargo, es que el can sacó la cabeza entre los barrotes.

Cubilla defiende la presentación de la denuncia al subrayar que “no hacerlo sentaría un precedente que podría convertirse en referencia de impunidad de cara al futuro” e insiste en que el “maltrato del perro” no está justificado, pese a las “circunstancias extremadamente delicadas” de la familia.

Investigación

Tras las investigaciones realizadas en la casa familiar donde fue atacado el niño, la Guardia Civil decidió imputar al padre por un presunto delito de homicidio por imprudencia y todavía está a la espera de ser llamado a declarar en los juzgados de Redondela, que instruyen el caso. Según la versión de la abuela, el pit bull se encontraba en un recinto cerrado cuando mordió al niño, pero, al parecer, los agentes habrían detectado en la finca diversas irregularidades. Una de ellas es que el padre del niño fallecido y propietario del perro carecía de licencia para tener animales potencialmente peligrosos, a lo que podría sumarse un control insuficiente del entorno familiar para evitar el ataque.